MONOPOLY PLAYERO

Como viene siendo habitual por estas fechas, Greenpeace
ha presentado una nueva edición, la octava, de su
informe Destrucción a Toda Costa. Las cifras son escalofriantes:
en 2007 se proyectaron tres millones de viviendas en el
litoral español y ahora hay que sumar 137 nuevas actuaciones
en infraestructuras portuarias, ya sean deportivas o industriales.

Sin olvidar, por supuesto, los 67 casos de corrupción urbanística
que ya se encargan de airear los medios de comunicación, con
527 personas implicadas, entre ellas 180 cargos públicos. El primer
puesto del hipotético podio de los desmanes costeros lo
ocupan Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias,
Ceuta y Melilla. En el segundo puesto aparecen Cataluña,
Baleares y Galicia, mientras que en el tercero figuran Asturias,
Cantabria y el País Vasco. Vamos, que no se libra nadie.

Preocupa el hecho de que poco a poco se vaya aplicando la
receta que ya ha contribuido a destruir la mayor parte del litoral
mediterráneo a las costas del norte, quizá debido a las ¿mejores?
condiciones que depara el cambio climático. Ahora llueve
menos y el agua no está tan fría, aparte de que la pura saturación
de otras regiones también rinde su tributo en forma de
turistas emigrantes.

En el otro plato de la balanza habría que situar la actual crisis
económica, que retrae el gasto y, sobre todo, desanima a la inversión
extranjera, en particular a la británica, cuyo fisco ha decidido
que ya no desgrava adquirir una segunda residencia. Según
datos de Greenpeace, la venta de casas en la playa ha caído
un 70% en la provincia de Alicante.

El agua es otro grave problema que hace aún más insostenible
el actual modelo de desarrollo. Los ayuntamientos recalifican terrenos
para financiarse, pero no tienen en cuenta la calidad de
vida de sus futuros habitantes ni pueden garantizar de forma ilimitada
servicios tan básicos como el abastecimiento de agua.

Ante semejante panorama, otra ONG de ámbito estatal,
Ecologistas en Acción, ha lanzado este verano una campaña
para informar y sensibilizar a visitantes y residentes sobre los
impactos del cambio climático en el litoral. Según sus estimaciones,
el ascenso del nivel del mar restará 10.000 hectáreas a
Doñana, reducirá considerablemente la superficie del delta del
Ebro y podría provocar la desaparición del 70% de las playas
guipuzcoanas.

Esbozado el problema, ¿qué se puede hacer? Poca cosa si no
se produce un giro radical en los planteamientos de partida.

Greenpeace propone una especie de moratoria a la construcción
en los primeros 500 metros de franja litoral, así como delimitar
el dominio público costero –es decir, aplicar sencillamente
la vigente Ley de Costas–, eliminar los edificios ilegales,
reducir las emisiones contaminantes y proteger los espacios
naturales que todavía se han salvado de la quema. El tiempo
dirá si se opta por un nuevo paradigma o se escoge la huida
hacia delante, tan del gusto del sistema capitalista. Los que
quieran apostar pueden guiarse por un indicador infalible, esa
monstruosidad que se ha hecho célebre con el nombre de El
Algarrobico. Si el hotel ilegal sigue en pie o resulta finalmente
demolido dirá mucho del grado de interés de nuestras autoridades
ambientales. Y, si no, que se lo pregunten a Cristina
Narbona, la anterior ministra de Medio Ambiente, que perdió
el cargo, entre otras cosas, por implicarse en la guerra del agua
y por enfrentarse con algunos miembros de su partido en Andalucía,
acérrimos partidarios de destruir las costas del Cabo
de Gata.