Riaño, Itoiz y, ahora, Biscarrués

El pasado 11 de abril, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) concertó un encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, para charlar off the record sobre un montón de asuntos candentes, entre ellos el polémico embalse de Biscarrués. La obra afectaría gravemente al curso bajo del río Gállego, en la provincia de Huesca, y sanciona una política de aguas que parecía obsoleta. No creemos vulnerar la privacidad de aquella reunión si desvelamos algo tan obvio como que los técnicos estaban analizando en ese momento el proyecto y emitirían un informe objetivo, libre de influencias partidarias. Pues bien, eso es precisamente lo que denuncia la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), que el ministerio ha cedido a las presiones de los regantes locales: “cuando un ministerio reúne en su seno al juez (órgano ambiental que evalúa) y la parte (órgano promotor de la obra) es difícil la neutralidad y objetividad que exige la justicia ambiental.”
Las cinco principales ONG ambientales de ámbito estatal también han criticado duramente la declaración de impacto que otorga luz verde al embalse y remiten a los informes técnicos contrarios que se presentaron en su día, algunos de ellos elaborados por entidades tan reconocidas como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

Las ONG se quejan asimismo de que una decisión como esta tiene poco que ver con el deseo de “pintar el ministerio de verde”, como expresó la propia Rosa Aguilar cuando tomó posesión del cargo. Por supuesto, están dispuestas a agotar todas las vías legales para evitar que la obra se lleve a término. Este mismo verano, una de esas cinco organizaciones, Ecologistas en Acción, recorrió durante un mes el río Ebro desde el nacimiento hasta la desembocadura para airear las múltiples agresiones ambientales que padece. Entre las actividades programadas cabe destacar dos etapas especiales dedicadas a sendos afluentes pirenaicos, los ríos Aragón y Gállego, amenazados respectivamente por los embalses de Yesa y Biscarrués.

Todo este asunto suena a conocido y huele a rancio. Ahí tenemos el embalse de Riaño (León), construido en trágicas circunstancias y que todavía no ha servido para regar ni una sola hectárea de las previstas. Cuando José Borrell fue ministro de Obras Públicas –y también de Medio Ambiente– se le oyó decir que no quería un nuevo Riaño, pero poco después tuvo que vérselas con el endemoniado problema de Itoiz (Navarra), otro monumento de hormigón al derroche y la soberbia ambiental, para mayor gloria de las empresas constructoras. Biscarrués lleva camino de convertirse en la pesadilla particular de Rosa Aguilar, no muy ajena en su trayectoria política a la de sus grises predecesores.

Cada nuevo ministro de medio ambiente suscita esperanzas de cambio y luego se ciñe fielmente a las consignas impuestas por un modelo de desarrollo incompatible con la conservación de la biodiversidad, de manera que acaban vulnerando el cargo para el que fueron nombrados. O quizá no y sea eso del “medio ambiente” lo que desentone en un ministerio que tiene asuntos más importantes de los que ocuparse.