Hacia una nueva cultura del agua

Cuando este número de Quercus salga a la calle es posible que se haya formado ya un nuevo gobierno tras las elecciones generales ganadas por el Partido Popular el pasado mes de noviembre. Al cierre, nos encontramos con dos noticias que vuelven a girar en torno a la gestión del agua y que necesariamente formarán parte de la herencia que reciba el ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy.

Una de las noticias era positiva. En una de sus últimas decisiones de calado, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) emitió a comienzos de diciembre una declaración de impacto ambiental negativa sobre varios proyectos hidrológicos que pesaban sobre el río Tiétar, en concreto el muy criticado embalse de Monteagudo y el recrecimiento de los ya existentes pantanos de Rosarito y Navalcán. Era una pesada losa contra la que han venido luchando durante años las organizaciones ecologistas, así que bienvenida sea la oposición razonada del MARM.

La otra noticia era negativa. Unas semanas antes, el propio secretario de estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, manifestó su intención de licitar el proyecto y la obra del muy polémico embalse de Biscarrués, en la provincia de Huesca. Carece aún de autorización administrativa, de manera que, como bien señalan las organizaciones ecologistas, cualquier tipo de licitación sería prematura e incluso ilegal. ¿A qué venían estas prisas? ¿Se pretendía dar una de cal y otra de arena?
El problema vuelve a ser de base y se inscribe, una vez más, en el modelo elegido para administrar un recurso cada vez más escaso y demandado. Ya lo dijo Agustín Cuello, técnico de la Diputación de Cádiz, tras las inundaciones de la primavera de 2010: “el discurso decimonónico, ingenieril, duro, estructural de los ríos se mantiene, venciendo al discurso técnico y científico.” Las cosas tendrían otro cariz si nuestra legislación hubiera transpuesto de forma adecuada la Directiva Marco del Agua, que rige los destinos de la política hidrológica en los países de la Unión Europea. Una asignatura que ahora tendrá que aprobar un gobierno del PP, partido que no ha ocultado su devoción por las presas y los trasvases.

A estas alturas, ni siquiera sabemos qué estructura tendrá finalmente la administración ambiental del nuevo gobierno o si el Ministerio de Medio Ambiente, creado en su día por el PP, mantendrá su rango actual. Conscientes de tan incierto futuro, las principales ONG ambientales de este país se apresuraron a reclamar a Rajoy un compromiso fuerte con el medio ambiente. Entre otras muchas recomendaciones, hacían tres que tienen que ver directamente con el problema del agua. En primer lugar, fijar unas tarifas reales que reflejen los costes de extracción, transporte y purificación. En segundo lugar, eliminar todas las capturas ilegales –que se cuentan por miles– en los próximos cuatro años. Y, por último, apostar por una política agraria basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y el respaldo a los pequeños propietarios.

No hace falta ser muy agoreros para vaticinar que las inclinaciones del PP han ido siempre hacia el lado de la vieja escuela, así que Biscarrués gana posibilidades de convertirse en realidad y no sería extraño que cualquier argucia legal anule la declaración negativa de los proyectos del Tiétar. Ejemplos no faltan. Sin embargo, apoyado en su mayoría absoluta, el PP tiene una oportunidad histórica de consolidar el Ministerio de Medio Ambiente y reconducir su política hacia el único destino razonable dentro de la Unión Europea, que no es otro que la Directiva Marco del Agua.