Cumpleaños feliz

Se acabaron las excusas y las dilaciones. Una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública el pasado 21 de marzo confirma lo que ya era del dominio público: el hotel de El Algarrobico es una obra ilegal, que afecta a terrenos protegidos del cabo de Gata y lo mejor sería demolerlo sin pérdida de tiempo. Una señal inequívoca de que la justicia se ha pronunciado con toda claridad es la reacción del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no ha tardado en quitarse el mochuelo de encima y endilgarle a la Junta de Andalucía la responsabilidad del derribo.

Dos de sus predecesoras en el cargo ya intentaron sin éxito resolver el conflicto, Cristina Narbona y Rosa Aguilar. Respecto a esta última, que había llegado a un acuerdo con el Gobierno andaluz para compartir los gastos de la demolición, Arias Cañete se ha mostrado incluso grosero: “nosotros acataremos las resoluciones judiciales, pero la administración competente es la Junta de Andalucía, pese a lo que haya dicho alguna ex ministra de Medio Ambiente cuyos conocimientos jurídicos son bastante limitados”. Está claro que no cabe esperar ningún empujoncito por parte de la Administración central para derruir de una vez por todas esa aberración urbanística. Se lo impide su ideología ultraliberal, su enfrentamiento abierto con una comunidad autónoma que ya no podrá gobernar el Partido Popular y, por si faltaran razones, los recortes presupuestarios que el Gobierno aplica con la excusa de la crisis económica.

Otro que ha quedado en una situación bastante airada es el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, un independiente que gobierna la corporación municipal con apoyo del PP. Ha hecho lo imposible por legalizar lo ilegalizable y aún se encastilla en un par de resoluciones judiciales pendientes. Cualquier cosa antes de admitir que la licencia de obras otorgada en su día para construir el hotel es contraria al actual ordenamiento jurídico. Como, de hecho, se ha encargado de aclarar el Tribunal Supremo.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sí que ha admitido que era ilegal el intento de modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que habría permitido construir en la playa de El Algarrobico, así que ha vuelto a proteger esos terrenos como “no urbanizables”. En otras palabras, un galimatías legal y político que parece ir aclarándose con la sentencia del Tribunal Supremo y que habría tomado un cariz muy distinto si el Partido Popular hubiera alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo.

Ahora sólo falta que el Ministerio Fiscal tome cartas en el asunto y exija al Ayuntamiento de Carboneras que cumpla las resoluciones judiciales. Sería un paso más hacia la demolición de El Algarrobico, un símbolo del urbanismo especulativo que tanta destrucción ha sembrado en el litoral español. Y un bonito regalo de cumpleaños para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que celebra su vigesimoquinto aniversario en 2012.