El 87% de las reservas pesqueras mundiales están ya completamente explotadas o sobreexplotadas. El dato no lo ha hecho público ninguna ONG, sino un organismo tan poco sospechoso de tremendismo como la FAO, el departamento de las Naciones Unidas que se ocupa de la agricultura y la alimentación. Aparece recogido en su informe bienal SOFIA, el mismo que cifraba en el 80% la sobrepesca de los caladeros mundiales en 2008 y en el 85% en 2010. Es decir, lejos de revertir su tendencia, la explotación de los mares tiende al colapso. Esta llamativa cifra es el resultado de sumar las reservas que se consideran completamente explotadas, un 57%, a los caladeros sobreexplotados, que representan el 30% restante. En tales condiciones, es imposible que puedan recuperarse para el año 2015, como se acordó en la cumbre de Johannesburgo.
Tan alarmante noticia viene a coincidir con los debates sobre la reforma de la Política Pesquera Común en el seno de la Unión Europea. Lo que está en juego es si los Estados miembros apostarán por alcanzar una gestión pesquera sostenible o harán caso omiso a los consejos de los expertos y a sus propios compromisos internacionales. Dada la presión ejercida por las empresas dedicadas a la pesca industrial el desenlace parece claro. El director ejecutivo de Océana Europa, Xavier Pastor, ha sido explícito en este sentido: “¿Cuántos de estos informes necesitan ver los líderes y políticos de todo el mundo? El estado de los mares europeos es sencillamente vergonzoso. Los stocks han sufrido una sobrepesca sistemática, se han ignorado las recomendaciones científicas y se ha destruido el medio marino. Es simple de entender y, sin embargo, una y otra vez vemos la falta de valor para tomar las decisiones correctas.” Se puede decir más alto, pero no más claro.
Ecologistas en Acción, por su parte, se teme que la anunciada subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) ponga en serias dificultades a la pesca costera, que es donde más se apuesta por la sostenibilidad de los recursos. En efecto, actualmente cotiza al tipo reducido del 8%, pero podría aplicársele el tipo general, que asciende al 18%. El resultado sería un notable encarecimiento de los productos de la pesca artesanal y, en un horizonte aún más sombrío, la deriva del sector hacia la economía sumergida, y no es un chiste fácil. Con mucha razón, esta ONG pide que no se aplique el mismo rasero fiscal a la flota litoral y a la flota de importación. De ahí que cobren importancia iniciativas como la pesca sostenible certificada bajo el sello MSC, con un número creciente de empresas españolas interesadas en someterse a sus criterios, como destacamos en la página 14 de este número de Quercus.
Otra noticia positiva para España es que se ha convertido en el tercer país con más apoyos enviados a la campaña internacional “ni un pez por la borda” o Fish Fight (
www.niunpezporlaborda.org), por detrás del Reino Unido e Irlanda. El objetivo es prohibir los descartes pesqueros en la Unión Europea, que a veces representan más de la mitad de las capturas.
Así pues, nos encontramos de nuevo ante un mundo bipolar. El de las grandes transnacionales y el capital, por un lado, y el de las flotas familiares y la subsistencia por otro. El primer modelo es insostenible, como ha dejado bien claro la FAO, así que sería inteligente apostar decididamente por el segundo.
