Los incendios abocan a una nueva política forestal

Hemos tenido un verano movidito en cuanto a incendios forestales. Uno más. Como siempre, la demanda de informaciones fáciles de digerir ha reducido el problema a unas cuantas sentencias tópicas, la más frecuente de las cuales es que “el monte está sucio”. Si la solución fuera tan sencilla, bastaría con “limpiarlo”, aunque vaya uno a saber qué se esconde detrás de tan lustroso empeño. La realidad, sin embargo, tiende a mostrarse tozuda y los expertos saben de sobra que el dilema de los incendios forestales se sustenta en una amalgama de factores históricos, climáticos, económicos, administrativos y, por supuesto, ecológicos. Mientras no se aborde desde esta múltiple perspectiva, nos pasaremos los veranos con el alma en vilo y gastando fortunas en medios de extinción.

Las cifras son elocuentes. Según WWF España, a finales de agosto se habían registrado 11.652 incendios, 1.612 más que el año pasado por esas mismas fechas. La superficie afectada ha sido de casi 150.000 hectáreas, 3’4 veces superior a la de 2011. Además, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas, ha sido de 29, cuando el verano anterior no pasaron de 6. Pero lo más llamativo es que el 60% de esos grandes incendios forestales (GIF) han afectado a alguno de los múltiples espacios naturales protegidos que contempla nuestra legislación. Así, han saltado a los titulares de prensa nombres tan conocidos como Cabañeros, Garajonay, Sierra Calderona, Las Hurdes, Robledo de Chavela o L’Albera.

No le falta razón a Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, cuando insiste en que “la magnitud de los GIF que hemos sufrido este año está directamente relacionada con la forma en que se han gestionado los montes en los últimos treinta años”. En todo caso se queda corto, pues los desaguisados empezaron bastante antes. Otro dato digno de destacar es que, a pesar de las condiciones meteorológicas extremas y los recortes presupuestarios, los medios de extinción han controlado las llamas en el 99’8% de los casos antes de que la superficie afectada rebasara las 500 hectáreas que marcan el límite de un GIF. Seguimos escasos en prevención, pero parece que la extinción va ganando en eficacia.

En resumen, nos encontramos, una vez más, ante un problema ambiental recurrente, lo que demuestra que los planteamientos habituales y las soluciones aplicadas hasta ahora no sirven de nada. Se impone un cambio de estrategia en toda regla. Diseñar un modelo que armonice la conservación de los valores ecológicos de nuestros montes con el beneficio social y la rentabilidad económica. En otras palabras, una nueva política forestal que sea sostenible y esté basada en criterios científicos.