Agricultura, pesca y cambio climático

Dos de las grandes políticas sectoriales europeas, la pesquera y la agrícola, están siendo objeto de revisión desde hace unos meses. No es extraño, por lo tanto, que hayan sido también dos de los temas más destacados en el XXI Congreso Español y V Ibérico de Ornitología, celebrado en Vitoria el pasado mes de diciembre. Nadie duda de la relevancia de ambos sectores en la conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Además, se da la circunstancia de que, en nuestro país, la Administración central responsable de agricultura y pesca tiene asimismo delegadas las competencias en medio ambiente. Un tercer tema abordado en dicho congreso, aunque no por ello menos importante, fue el de la influencia del cambio climático en la migración de las aves, un asunto que también compete de lleno a nuestro Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Visto desde una perspectiva optimista, se diría que las condiciones son ideales para que Miguel Arias Cañete se luzca con una política que en verdad integre las atribuciones de su ministerio. Pero mucho nos tememos que, instalados en el realismo, al final prevalezcan los intereses de la agricultura y la pesca industrial, muy alejados de la explotación sostenible de los recursos naturales. Unos intereses, por cierto, que no sólo lastran la política nacional, sino también la europea.

En contra de esta corriente mayoritaria nadan las organizaciones conservacionistas, como las que convocaron el antedicho congreso, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA/BirdLife). La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lo expresó claramente en Vitoria: “defender la conservación es defender a los agricultores y pescadores, para que su actividad sea lo más rentable y eficiente posible.” Argumento que seguramente se encargaría de recordarle al ministro en la reunión que Arias Cañete mantuvo el 12 de diciembre con representantes de las cinco ONG ambientales de ámbito estatal. Sin embargo, el Gobierno Español y la Comisión Europea suelen apostar por las huidas hacia delante y no por las políticas a largo plazo, lo que conduce a círculos viciosos difíciles de romper.

Asistimos, una vez más, al conflicto entre propuestas cargadas de razones científicas e incluso mera lógica, por un lado, y fuertes inercias que responden a intereses corporativos y privados, por otro, sin que las autoridades tengan la valentía de tender hacia el bien común y la sostenibilidad, como debería ser su función. Para comprobarlo, basta con echar un vistazo al paupérrimo resultado de la reciente cumbre mundial sobre cambio climático celebrada en Doha, la capital de Catar. Más que buscar soluciones para afrontar con garantías un grave problema, se busca la forma de eludirlo o, en el mejor de los casos, de aplazar una y otra vez la toma de decisiones.