Extremadura se merece más parques naturales

Extremadura cuenta, según la web oficial del gobierno autonómico, con casi 1.300.000 hectáreas protegidas, lo que supone más de un 30% de la superficie de la región. A simple vista parece un porcentaje importante, pero tras un análisis más detallado nos surgen dudas sobre la adecuada protección de la naturaleza extremeña. El motivo es que en esa superficie el gobierno extremeño incluye figuras de la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE) y no solo espacios naturales protegidos por la legislación autonómica y nacional.

La protección existente en la actualidad en Extremadura es en realidad deficiente por el gran peso de las ZEPA y los LIC, figuras de administraciones externas a la autonómica y a la estatal, a la hora de proteger (teóricamente) nuestros espacios naturales. Estas figuras no tienen la fuerza jurídica que tiene nuestra propia legislación. Y si la tuviesen, según argumentan los responsables administrativos extremeños, ¿por qué y para qué existen entonces las categorías de protección que aparecen en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad?

¿Es solo una cuestión de nombres? Es evidente que no. La mencionada ley estatal, al referirse a los parques (nacionales y naturales), explica que “en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente”.

No hay razón alguna para que ciertos espacios naturales de Extremadura de primer nivel en el contexto de la península Ibérica no tengan esa catalogación de parque prevista en la Ley 42/2007, tal y como proponemos desde las asociaciones Ecologistas Extremadura y Fotografía y Biodiversidad.