La mortalidad que sufre gran cantidad de aves a causa de los tendidos eléctricos se hizo evidente en España a raíz de los trabajos realizados en Doñana en la década de los ochenta, que sacaron a relucir el grave impacto ocasionado en la población de águila imperial ibérica (1). Desde entonces han sido numerosos los esfuerzos e inversiones que se han ido realizando para eliminar o, al menos, reducir la peligrosidad de muchos kilómetros de tendidos, habiéndose incluso legislado tanto a nivel estatal como por parte de varias comunidades autónomas, para evitar la peligrosidad en las líneas eléctricas de nueva construcción –y corregir las que ya estaban instaladas– en zonas protegidas o sensibles para las aves.
La detección y corrección de los llamados puntos negros se han abordado fundamentalmente a través de los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas (águila imperial águila perdicera, buitre negro y otras). También han funcionado programas específicos desarrollados desde las comunidades autónomas y financiados por fondos europeos LIFE (País Vasco, Aragón y Murcia) o incluso con acciones concretas destinadas a realizarse en puntos o zonas especialmente problemáticos.
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