Cada año mueren electrocutados en España varios miles de aves, en su mayoría rapaces u otras especies protegidas. Esta causa de mortalidad no natural y evitable afecta de forma dramática a las que presentan un mayor grado de amenaza, como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila perdicera (Aquila fasciata), el alimoche (Neophron percnopterus) o el milano real (Milvus milvus). Para el águila perdicera, en clara regresión en España, la electrocución es la principal causa de mortalidad y compromete seriamente su conservación.
Existe abundante normativa a nivel estatal y autonómico por la que se establecen medidas para reducir este problema. Además se invierten en ello cuantiosas sumas de dinero, principalmente público, y en buena medida procedente de las arcas comunitarias a través de fondos Feder, Life y otros. ¿Pero es esto suficiente? Los hechos demuestran que no y, por lo tanto, hay que revisar y mejorar tanto la normativa como los criterios para marcar prioridades en el destino de estos fondos y optimizar unos recursos públicos siempre escasos.
Este contenido es un resumen / anticipo de una información cuyo texto completo se publica en la revista Quercus, tanto en su versión impresa como digital.
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