En 2021 el Tribunal Supremo dejó sentenciado que velar para que las aves no mueran en los tendidos eléctricos no era sólo cosa de las autoridades ambientales sino también de las administraciones con competencias industriales. Esta sentencia ha supuesto un cambio de paradigma por sus importantes implicaciones, que se explican en este artículo.
Por Justo Martín
España es uno de los pocos países del mundo que tiene una legislación específica para prevenir y evitar la mortalidad de las aves en los tendidos eléctricos. El Real Decreto 1432/2008 prevé en unos determinados supuestos y un ámbito espacial delimitado -las llamadas Zonas de Protección- que los propietarios de las líneas eléctricas adopten una serie de medidas contra las electrocuciones y colisiones de aves, especificadas en unas prescripciones técnicas concretas.
Desde su promulgación, la responsabilidad del cumplimiento del real decreto ha recaído en las diferentes autoridades autonómicas con competencias y obligaciones en materia ambiental. Es cierto que su artículo 10 indica que las infracciones estarán sometidas tanto a la normativa medioambiental como al régimen sancionador de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Pero también es verdad que no se concreta el papel y responsabilidad de las autoridades con competencias en materia industrial en el cumplimiento de dicho real decreto.
AUTOR:
Justo Martín es biólogo y trabaja como consultor independiente especialista en conservación de especies amenazas e impacto ambiental. Tiene más de veinte años de experiencia en España y el norte de África desarrollando estudios de impacto y proyectos de adecuación relacionados con las líneas eléctricas peligrosas para las aves.
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