En 1933, nueve gobiernos firmaron en Londres un convenio para la protección de ciertas especies silvestres de África. Aunque enmarcado aún en la época del colonialismo, supuso un relativo avance en el ámbito de la conservación de la naturaleza. España suscribió inicialmente este tratado internacional y, en julio de 1936, lo ratificó mediante una ley de las Cortes. Sin embargo, todo apunta a que el comienzo de la Guerra Civil impidió que esa ratificación culminara con éxito.
Por Juan José Ferrero-García
A finales del siglo XIX las potencias europeas eran plenamente conscientes de que las poblaciones de muchas especies africanas estaban disminuyendo, víctimas de la caza indiscriminada y del expolio de los recursos naturales. El colonialismo, sobre todo tras la conferencia de Berlín celebrada entre 1884 y 1885, mostraba su faceta más oscura, retratada magistralmente por Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas. ¡Cómo no recordar al enigmático y amoral señor Kurtz, jefe de un asentamiento comercial de marfil en algún lugar remoto de la cuenca del río Congo!
Un primer intento internacional por mitigar el deterioro ambiental del continente africano lo constituyó la Convención para la Preservación de los Animales, Aves y Peces Silvestres de África. Fue suscrita el 19 de mayo de 1900 por media docena de países: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y España. No obstante, nunca entró en vigor al no conseguir las ratificaciones mínimas necesarias. Era un texto inspirado en los criterios antropocéntricos y utilitaristas propios de la época. De este modo, aunque amparaba a bastantes especies, promovía el exterminio de otras que consideraba perjudiciales para el ser humano, como los cocodrilos, las serpientes venenosas o los grandes carnívoros. Fruto de idénticos principios, dos años después se firmó en París la Convención para la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura. En este caso se trataba de una norma aplicable al territorio europeo y que llegó a ser legalmente vinculante a partir de 1905, por lo que se convirtió en el primer tratado internacional en defender a una parte de la vida salvaje. España lo ratificó en 1907 y lo incorporó a su ordenamiento jurídico.
AUTOR:
Juan José Ferrero es biólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera profesional en la Estación Biológica de Doñana y desde 1997 trabaja en la Junta de Extremadura. Entre otras publicaciones, es autor de más de una veintena de artículos, en revistas científicas y de divulgación ambiental, sobre aspectos históricos de la fauna y su conservación.
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