Miércoles 22 de octubre de 2014
Las salinas de Santa Pola, situadas al sur de la provincia de Alicante, son un verdadero santuario para flamencos, patos, gaviotas, charranes y demás aves acuáticas, un espacio perfectamente comparable en importancia a otros valiosos humedales mediterráneos como el delta del Ebro y la albufera de Valencia. Sin embargo, son algo incómodas para que el naturalista las disfrute a placer. Encajadas entre el mar y grandes extensiones de suelo agrícola, urbano e industrial, buena parte de la superficie del parque natural que las protege corresponde a terrenos privados que se explotan como salinas y son de acceso restringido.
Uno de los pocos sitios que había para pasear con tranquilidad era la zona de las salinas del Pinet, una explotación ya abandonada situada junto al límite sur del parque natural, muy cerca ya de la playa. En este rincón costero de belleza arrebatadora, perteneciente al término municipal de Elche y técnicamente conocido como sector MR-9, se está construyendo un complejo turístico de más de un millar de viviendas.
La prensa local dio a conocer a finales de septiembre que la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, que posee las competencias medioambientales en el Gobierno regional y, es, por tanto, responsable en teoría de mantener la integridad natural de estos parajes, ha dado el visto bueno a esta operación urbanística. Este típico caso de desprecio a las prioridades de conservación frente a los intereses especulativos tiene una circunstancia agravante. A raíz de los recursos judiciales presentados por la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la polémica urbanización. La primera en octubre de 2003 y la segunda en mayo de 2004, con sendas sentencias que anulaban las autorizaciones del Ayuntamiento de Elche a estas obras destructivas.
En este número de Quercus (págs. 68 y 69) ponemos sobre el tapete otro ejemplo de una Administración pública más interesada en poner las cosas fáciles a las empresas urbanizadoras que en defender el medio natural. Se trata de un complejo de viviendas, con campo de golf incluido, cuya construcción está destruyendo un importante retamar con camaleones cercano a la bahía de Cádiz, todo ello con la conformidad de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. Está claro que en las costas españolas, es el hormigón quien sigue imponiendo su ley.
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