Miércoles 22 de octubre de 2014
El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) aprobó el pasado 8 de febrero una resolución de apoyo a los parques nacionales que partió de las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y WWF/Adena. En su primer punto, el CAMA considera necesaria “una Red de Parques Nacionales al servicio de la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad” y más adelante añade que dicha red es “un sistema integrado de protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español, siendo fundamental asegurar su coherencia interna y gestión homogénea”. Una resolución cargada de sentido tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado la razón a las comunidades autónomas en su recurso sobre la gestión en exclusiva de estos espacios protegidos. Es más, estamos a la espera de una segunda sentencia sobre la única competencia que aún conserva el Gobierno central, es decir, la potestad de elaborar el Plan Director de Parques Nacionales, un instrumento básico de ordenación y coordinación.
La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se extiende sobre ambos recursos y sus consecuencias prácticas en una entrevista concedida a Quercus que publicamos en las páginas siguientes. La resolución aprobada por el CAMA es coherente con la postura mantenida desde hace meses por las cinco organizaciones no gubernamentales que la han promovido y que recelan de la voluntad política de los gobiernos autónomos a la hora de mantener incólumes los criterios de conservación. De ahí que sea urgente reformar la Ley 4/89, como también adelanta la ministra en sus declaraciones, para establecer con claridad qué premisas deben cumplir los parques nacionales, al margen de quién los gestione. Luego será cometido del Ministerio de Medio Ambiente velar por su cumplimiento y habrá dinero para los espacios protegidos que se mantengan dentro de esta categoría. Lo cual quizá sea la baza decisiva, pues las comunidades autónomas no sólo recibirán la gestión de los trece parques actualmente declarados, sino también sus múltiples compromisos de gasto e inversión.
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