Miércoles 22 de octubre de 2014
El pasado 3 de marzo, las principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal hicieron público un documento de título elocuente: Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España hacían en él un balance de la gestión ambiental del Gobierno un año después de las elecciones generales que revalidaron el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La conclusión es desoladora: el medio ambiente ha perdido gran parte del peso político que tenía en la anterior legislatura y la política ambiental ya no forma parte de las prioridades del Gobierno. Algo que se veía venir tras la fusión de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Es más, con la excusa de la crisis económica, se están promoviendo políticas del todo insostenibles basadas en el impulso a los grandes proyectos de obras públicas incluidas en el Plan estratégico de infraestructuras y transporte. Y todo esto se refiere a la parte más puramente ambiental de la gestión del Gobierno. ¿Qué pasa con la conservación de la biodiversidad? En este terreno, el diagnóstico es aún peor. Según los autores del informe, no existen políticas activas para frenar la pérdida de biodiversidad y las principales amenazas para la flora y la fauna siguen operando sin ninguna cortapisa.
Por esas mismas fechas Ecologistas en Acción denunció que el 8 de marzo se cumplían diez años desde que la primera ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, presentara a bombo y platillo la Estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, que contó con un amplio respaldo social. Un documento que recogía los compromisos adquiridos por España en la ya lejana Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Debido a las presiones ejercidas por las organizaciones ecologistas, la Estrategia iba a revisarse y actualizarse en el año 2005, pero regresó al cajón donde duermen el sueño de los justos aquellos compromisos que se adquieren sin la menor intención de cumplirse. Para Ecologistas en Acción esto ha supuesto un retraso de diez años en las políticas de defensa de la naturaleza, con el consiguiente impacto en cadena para las administraciones autonómicas y locales.
El único avance importante que se ha producido en este amplio periodo de tiempo fue la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno de los últimos logros de Cristina Narbona antes de ser relevada de su puesto. Pero, como bien recalcan desde Ecologistas en Acción, tras ser aprobada “se viene acumulando un importante retraso en su aplicación, especialmente en la elaboración del Plan estratégico nacional del patrimonio natural y la biodiversidad, heredero directo de la ninguneada Estrategia Española de Biodiversidad. Por poner un ejemplo, hasta el año 2005 sólo se habían aprobado once estrategias de conservación de los 160 taxones incluidos en el Catálogo nacional de especies amenazadas con la categoría de “En peligro de extinción”. Y desde entonces hasta el año pasado únicamente se habían aprobado otras cuatro estrategias más. Lo peor de todo es que ni siquiera se están aplicando.
Quedan dos años para que termine el plazo establecido en la Cumbre de Gotemburgo por todos los jefes de gobierno para frenar la pérdida de biodiversidad, lo que se ha venido a llamar Cuenta Atrás 2010. Pero tanto en España como en el resto de Europa los deberes siguen sin hacer.