Custodia del territorio: una estrategia de conservación ya consolidada

La custodia del territorio es una fórmula para implicar a los propietarios y usuarios de cualquier finca, ya sea pública o privada, en la conservación de unos valores naturales que pueden considerarse patrimonio de toda la comunidad. Sin perder sus derechos de propiedad, comparten la gestión de las labores ambientalmente más sensibles y se benefician de la experiencia de las organizaciones con las que suscriben los acuerdos de colaboración.

Diez años después del artículo Custodia del territorio, una nueva estrategia de conservación, publicado en Quercus (1), es posible afirmar que esta fórmula participativa de conservar la naturaleza ha evolucionado sustancialmente y en positivo gracias a los esfuerzos de las personas y organizaciones que configuran el denominado Movimiento de Custodia del Territorio. Los logros han sido numerosos, entre ellos un mayor reconocimiento social que expresamente ha quedado de manifiesto en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, primera norma de ámbito estatal que legisla cuestiones en torno a la custodia del territorio (en adelante CT), así como el fomento de esta estrategia por parte de las Administraciones Públicas.

Tal y como recoge el primer manual sobre CT en castellano, Custodia en la práctica, editado por la Obra Social Caixa Catalunya y la Xarxa de Custòdia del Territori en 2006 (2), la custodia abre espacios para la participación de un extenso número de actores en materia de conservación de la naturaleza, implicando sobre todo a los propietarios y usuarios de terrenos de alto valor ecológico a través de la firma de acuerdos voluntarios de colaboración, trabajo conjunto y seguimiento regular, bien con entidades no lucrativas o con la propia Administración. Se plantea así como un instrumento útil que permite complementar la actividad del sector público y compartir la responsabilidad de conservar nuestro entorno con otros actores próximos al territorio según fórmulas de colaboración innovadoras.

La Declaración de Montesquieu de Custodia del Territorio difundida en noviembre de 2000 se considera el primer documento que formaliza el concepto y los objetivos de la CT, pero esta herramienta de gestión y conservación lleva implantándose desde hace años en nuestro país. Uno de los pioneros fue Félix Rodríguez de la Fuente, que promovió la firma de acuerdos para crear el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia) en 1974, hoy gestionado por WWF-España y que se ha convertido en la experiencia más larga y duradera de custodia del territorio en nuestro país con participación de una ONG que gestiona directamente un espacio protegido. De igual forma, algunos de los fundadores de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos Naturales en Extremadura (Adenex), pusieron en marcha la primera iniciativa de custodia en 1977 con el arrendamiento de dos fincas de gran valor en lo que hoy es el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), con el fin de protegerlas frente a las amenazas que representaban los monocultivos forestales. En 1980, la sección mallorquina del Grup Balear d’ Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB-Mallorca), tras una intensa campaña de concienciación a escala local, nacional e internacional, logró reunir el capital necesario para comprar la finca de La Trapa, la primera reserva natural privada de España.