Miércoles 22 de octubre de 2014
Dos activistas japoneses de Greenpeace, Junichi Sato y Toru Suzuki, fueron condenados el pasado 6 de septiembre a tres años de libertad condicional, acusados de robo y allanamiento a raíz de una investigación en la que denunciaban la malversación de fondos públicos.
Sato y Suzuki detectaron cajas con carne de ballena procedente del barco ballenero Nisshin Maru y destinada a su venta clandestina. Este comercio está prohibido en el marco del programa de “caza científica” con el que el Gobierno japonés justifica la captura de grandes cetáceos.
“Los tribunales admiten prácticas cuestionables de la industria ballenera, pero no se reconoce el derecho a denunciarlas, como así garantiza el derecho internacional”, ha declarado Sato. “Quisimos revelar la verdad sobre la caza de ballenas y a cambio hemos sido castigados, mientras que los criminales responsables del uso incorrecto de los fondos públicos se pasean libres por la calle”.
El proceso, que ha durado dos años se inició en junio de 2008 con el arresto de los dos activistas, que fueron entonces retenidos casi un mes, la mayor parte del tiempo sin cargo alguno. Dirk Voorhoof, experto internacional en derecho y testigo de la defensa, ha declarado que este caso “supone un jarro de agua fría para que en el futuro se investigue la mala praxis de las autoridades”.
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