Redacción | Miércoles 22 de octubre de 2014
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, las cinco ONG’s ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente rechazan la modificación de la Ley de Aguas aprobada en el último Consejo de Ministros al considerar que es anticonstitucional, rompe la unidad de cuenca y presenta graves irregularidades formales.
El Consejo de Ministros, del 26 de agosto, aprobó, por sorpresa, un Real Decreto Ley por el que se reforma el Texto Refundido de la Ley de Aguas para que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico. Inicialmente será aplicable para Cataluña, Aragón y Andalucía al tenerlo previsto en sus estatutos. Se trata de una reforma que tenía que haber sido debatida preceptivamente en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
La modificación supone ceder a las Comunidades Autónomas las competencias de control y vigilancia que, hasta ahora, en las cuencas intercomunitarias, corresponden a las Confederaciones hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, quedando por tanto el cumplimiento de las políticas de agua en las Comunidades Autónomas. A juicio de las ONG’s ecologistas se trata de un paso más del gobierno para desmantelar cualquier posibilidad de una política estatal de agua.
Con esta modificación, el Estado, que hasta ahora defendió de forma sistemática la exclusividad constitucional de esta competencia ante el Tribunal Constitucional, da un giro de 180º y renuncia a sus competencias.
Las ONG’s también critican la precipitación con la que se ha llevado a cabo esta modificación, empleando un mecanismo, el Real Decreto Legislativo que la Constitución solo reserva para asuntos “de extraordinaria y urgente necesidad”. Dado que las Cortes tienen que refrendarlo en un plazo inferior a 30 días, las ONG’s solicitarán a los grupos parlamentarios que se opongan a esta modificación y que defiendan la competencia exclusiva de la Administración General del Estado en la policía del Dominio Público Hidráulico en las cuencas intercomunitarias. En el caso de aprobarse en las Cortes, las ONG acudirían al Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.
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