Miércoles 22 de octubre de 2014
Cada español consume una media de 45 kilos de pescado al año, mientras que la media europea se sitúa en unos 22 kilos y la mundial en 17. Nuestras aguas son incapaces de satisfacer semejante demanda, lo que nos obliga a importar pescado de otros países y, en definitiva, a exportar nuestra sobrepesca potencial a otras aguas, a veces muy distantes. Ecologistas en Acción ha calculado que si empezáramos a contar el primero de enero y dependiéramos exclusivamente de nuestro pescado, el suministro se terminaría el 8 de mayo. Del 9 de mayo en adelante tendríamos que abastecernos de pescado foráneo. Así pues, somos un país “dependiente de pescado”, lo que también puede decirse de otros miembros de la Unión Europea. Según esos mismos cálculos, en Portugal se terminaría el pescado el 26 de abril, al día siguiente en Alemania y el 30 de ese mes en Italia. En resumen, no sólo España, sino la Unión Europea en su conjunto, es deficitaria en este recurso básico y debe comprarlo a otros países. Es decir, Europa también exporta su sobrepesca. Del mismo modo que China exporta la deforestación que exige su desaforado crecimiento económico a los bosques tropicales de todo el mundo.
Para colmo, tanto los caladeros españoles como los comunitarios están al borde del colapso. No dan más de sí y corren el riesgo de dejar de ser productivos. Las capturas son menores, mientras que la capacidad de la flota aumenta gracias a las mejoras técnicas. La actual política pesquera se ha revelado incapaz de gestionar con criterios de sostenibilidad unos caladeros exhaustos y todo el mundo está de acuerdo en que es imprescindible abordar una reforma –nunca mejor dicho– de gran calado. La comisaria de pesca, la griega María Damanaki, presentó el pasado 13 de julio una propuesta de reforma muy ambiciosa a la Comisión Europea. Buena parte de su contenido lo ha desentrañado Sergio Rejado en las páginas 40-46 de este número de Quercus. La propuesta va sin duda en la buena dirección, pero ya hay sectores con poderosos intereses económicos que presionan para descafeinarla durante su tramitación parlamentaria. En resumen, la reforma pesquera pretende eliminar los descartes, establecer unos planes de gestión a largo plazo y tener hacia un enfoque ecosistémico de la explotación de los mares. La industria, que es alérgica al largo plazo, ha criticado la reforma como afín a los postulados conservacionistas. Mientras que las ONG, aunque aplauden el planteamiento inicial, lo ven insuficiente y sospechan que lo será aún más cuando entre en vigor. Por este motivo, se han dirigido al presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso, para que se implique en preservar la salud ambiental de los ecosistemas marinos. Veremos lo que ocurre en los próximos meses.
Mientras tanto los consumidores ya no saben lo que comen. Ha sido también Ecologistas en Acción quien ha denunciado que el falso etiquetaje del pescado es una práctica cada vez más extendida. Nos lo estábamos temiendo: esos lenguados con pinta de lenguadina, ese mero a precio de perca del Nilo, ese atún del sushi que muy bien podría ser melva. Hasta el humilde cazón, que se servía adobado en forma de “bienmesabe”, ha sido suplantado por el marrajo y la tintorera. La Universidad de Oviedo ha descubierto que el 40% de la merluza está mal etiquetada.
En este mundo nuestro de la globalización se diría que todo está teñido de fraude y mixtificaciones. Los consumidores no se fían de los mercados y los mercados no se fían de los contribuyentes, ni de sus dirigentes políticos. Por algo será.