La reforma de la Política Pesquera Común

Las pesquerías mundiales están en crisis. La comisaria María Damanaki ha abanderado de la causa medioambiental y aspira a convertir la pesca europea en un referente mundial de sostenibilidad mediante la reforma de la Política Pesquera Común. Sin embargo, el punto de partida no es esperanzador y queda aún mucho por hacer antes de que entre en vigor. El camino pasa por la prohibición de los descartes y los planes de gestión a largo plazo, entre otras medidas. ¿Conseguirá esta reforma salvar los caladeros europeos?

El pasado 13 de julio la Comisión Europea hizo pública la primera versión de la nueva y esperada Política Pesquera Común (PPC). Esta propuesta de texto legislativo debe atravesar ahora los tortuosos caminos del Consejo y el Parlamento Europeo, donde quizás se introduzcan cambios decisivos. El texto final debe ser adoptado, a más tardar, en enero de 2013.

Desde la publicación de su Informe Verde (Green Paper) en 2009, que denunciaba los fallos de la PPC actualmente en vigor, así como los problemas a solucionar, la Comisión se lanzó a una extensiva consulta pública y con todos los stakeholders (Cuadro 1) para garantizar el futuro de la pesca en Europa. Desde entonces, numerosas voces han pedido diferentes resultados a dicha reforma, que ha creado muchas y muy grandes expectativas. Se espera de ella que salve las pesquerías europeas del colapso, garantizando así la sostenibilidad tanto del medio ambiente marino como de la industria pesquera. ¿Lo conseguirá? La Comisión así lo cree. Pero la pregunta es ¿cómo se van a alcanzar tan ambiciosos objetivos?
Abundantes problemas
Las pesquerías europeas se enfrentan a tres problemas principales: la precariedad de los caladeros, el exceso de capacidad pesquera y una política de explotación inadecuada; y no son para tomárselos a la ligera. El primero significa que nuestras pesquerías no rinden tanto como pudieran debido a la excesiva explotación a la que se han visto sometidas durante las últimas décadas. El segundo quiere decir, llanamente, que nuestros barcos tienen capacidad para pescar mucho más pescado del que hay ahora mismo en nuestros mares. Y el tercero indica que la actual política pesquera, a pesar de pretender solucionar estos dos problemas, más bien los agrava.

Según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre el 15 y el 18% de los caladeros del planeta para los cuales hay datos científicos disponibles están sobreexplotados. Peor aún, un 47-50% están explotados a plena capacidad. Esto deja sólo un 25-27% de explotados moderadamente o sin explotar y un 9-10% de colapsados y en vías de recuperación. En el caso de las aguas europeas, el porcentaje de caladeros sobreexplotados asciende al 82% en el caso del Mediterráneo y al 63% en el del Atlántico, de acuerdo con la Comisión Europea. La propia comisaria del ramo, la griega María Damanaki, es pesimista sobre los resultados de la actual política pesquera: “realmente necesitamos cambiar las cosas: si no, sólo 8 de nuestros 136 stocks continuarán estando sanos. ¡Sólo 8!”.

La razón de esta catástrofe ambiental es que, año tras año, cada mes de diciembre, el Consejo se dispone a negociar las oportunidades pesqueras de cada país, generalmente expresadas en forma de cuotas y/o esfuerzo pesquero, es decir, días en el mar. A lo largo de estas reuniones maratonianas, el Consejo discute la propuesta de la Comisión, basada en datos científicos, para fijar quién pescará cuánto el próximo año, en muchos casos haciendo caso omiso de dichas recomendaciones. En 2011, los TAC (Total Allowable Catch o Captura Máxima Autorizada) adoptados para las pesquerías del Atlántico fueron, como media, un 23% superiores a lo recomendado por los científicos.

Cuadro 1
¿Quiénes con los stakeholders?
Stakeholder es un término muy presente en todas las discusiones ambientales de los últimos años. A pesar de lo opaco de dicho sustantivo, viene a definir a cualquier persona o colectivo que comparte interés por un tema concreto, generalmente en aspectos relacionados con la gestión. En el caso de la pesca, son stakeholders las grandes compañías pesqueras, la industria conservera y los pescadores a pequeña escala, pero también los gobiernos locales, los científicos marinos, las asociaciones de consumidores, las ONG y la industria turística. El “acercamiento ecosistémico”, acordado en el Convenio de Diversidad Biológica como modo de gestión de los recursos naturales, implica que los stakeholders deben estar en el centro de la toma de decisiones, ya que son ellos los afectados y pueden y deben contribuir con sus conocimientos y su consejo al proceso legislativo.

Cuadro 2
¿Quién asesora a Europa?
El Consejo y el Parlamento europeos se basan para sus negociaciones en las propuestas redactadas por la Comisión Europea que, a su vez, se sirve de los informes científicos y de las consultas públicas para elaborar dichos textos. Pero, ¿quiénes asesoran exactamente a la Comisión?



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