Miércoles 22 de octubre de 2014
Recientemente, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha sido intervenida por el Banco de España, que relevó a su cúpula directiva y nombró a tres interventores para proceder al estudio de sus cuentas y a su saneamiento mediante la inyección de fondos públicos.
En esa fase, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Asociación de Naturalistas del Sureste, Ecologistas en Acción y Greenpeace han reclamado al Banco de España que investigue a fondo las relaciones entre la CAM y la promotora Hansa Urbana, “empresa envuelta en numerosos proyectos de dudosa legalidad y alto impacto ambiental” según estas ONG.
Es el caso de Cabo Cortés, un colosal proyecto inmobiliario y turístico que Hansa Urbana planea construir en el sur de la península de Baja California (México). Con un tamaño previsto similar al de Cancún, su ubicación limita con el Parque Nacional de Cabo Pulmo, que protege el arrecife mejor conservado, junto con el de la isla del Coco (Costa Rica), de todo el océano Pacífico oriental.
Cabo Cortés se desplegaría sobre una extensión de casi 4.000 hectáreas en el municipio de Los Cabos (México). Contaría con más de siete kilómetros privados de playa, un puerto deportivo de medio millar de amarres, dos campos de golf, 30.000 habitaciones de hotel y viviendas asociadas para alojar a decenas de miles de turistas.
“Durante su tramitación se han producido numerosas irregularidades y se ha violado claramente la normativa medioambiental mexicana”, denuncia Agustín Bravo, de Cemda. La CAM es propietaria del 30% de Hansa Urbana. “El Banco de España tiene que investigar estos vínculos y poner fin a un proyecto tan insostenible”, reclama Alejandro Olivera, de Greenpeace México.
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