Afanes privatizadores

Con la que está cayendo y comparada con las cifras del paro o las secuelas de la burbuja inmobiliaria, la privatización de los Montes de Utilidad Pública quizá parezca un asunto menor. Pero no lo es. Responde, más bien, a la misma doctrina que con tanta unción profesa la legión de abogados que han asumido la administración pública, es decir, el liberalismo económico a ultranza. Ante este dogma, no hay criterio racional que se oponga. Asumido como profesión de fe, una fe basada en el lucro a corto plazo, los criterios científicos son considerados anatema. Aunque, bien pensado, tampoco parece que tengan mucho peso las razones históricas y sociales. Es un episodio repetido a lo largo de la historia, un grupo se erige en detentador de la verdad y asume como destino imponerla al resto de sus coetáneos. Una estrategia que, con frecuencia, no sólo conviene a su ideario, sino también a sus múltiples asuntos terrenales.

Fue María Dolores de Cospedal quien inició la cruzada en su feudo castellano-manchego. Pretende privatizar allí unas 40.000 hectáreas de montes públicos, como ya avanzamos en la revista de marzo (págs. 62-63) y completamos en este mismo número de Quercus (pág. 71). Legalmente no es un asunto sencillo, pues son “inalienables, imprescriptibles e inembargables.” De ahí que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleve varios meses trabajando en una nueva Ley de Montes que rebaje las trabas para alquilar o vender dichos terrenos. No parece coincidencia que en otro ministerio, el de Hacienda, se esté trabajando en un proyecto de ley sobre “racionalización y sostenibilidad de la administración local”, lo que se conoce como Ley Montoro, para llevarse por delante no sólo pedanías, sino también ayuntamientos enteros con la excusa de reducir gastos. De hecho, son pedanías y ayuntamientos quienes gestionan los montes públicos.
¿Qué fin persiguen estos apóstoles de la reforma? Ni más ni menos que “poner en valor”, una de sus letanías favoritas. Traducido al lenguaje del agnosticismo financiero, enajenar terrenos públicos para dedicarlos a maniobras especulativas, ofrecer suelo libre y barato al capital privado. Veamos un ejemplo en la Comunidad de Madrid. En la finca de El Garzo, colindante con la autopista del noroeste y prolongación natural del Monte del Pardo, se proyecta construir algo tan original y novedoso como un campo de golf. Varias promociones de biólogos formados en la Universidad Autónoma en los tiempos de Bernáldez tuvieron en El Garzo su laboratorio al aire libre, su primer contacto real con el monte mediterráneo. Pero la fe verdadera impone sumisión y acatamiento, suprimir lo público en beneficio de lo privado. Eso sí, mientras sea rentable. El gasto de las meteduras de pata se reparte entre todos, como buenos hermanos.