Conservación del urogallo cantábrico: puntos débiles

Pocos iconos de la fauna ibérica llaman tanto al debate sobre las estrategias para su conservación. A él se suman dos biólogos especialistas en el urogallo cantábrico, que alertan del desamparo que sufre el único núcleo del ave en un hábitat mediterráneo. También reclaman más acuerdo social y respaldo científico en los proyectos encaminados a ayudar a esta subespecie.

Manuel A. González y Beatriz Blanco

manu@masquepajaros.es


El urogallo es la especie más grande de la familia de las aves tetraónidas. Adaptada a los extensos bosques de coníferas de las zonas frías y templadas de Eurasia, su distribución más meridional se localiza en las penínsulas Ibérica y Balcánica, dónde encontró refugio durante la última glaciación.

El urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) se desvía en muchos aspectos ecológicos de la descripción tipológica de la especie. Por ejemplo, esta población está estrechamente vinculada a los bosques montanos caducifolios de la cordillera Cantábrica, a diferencia del hábitat de coníferas que alberga mayoritariamente a la especie en el resto de su área de distribución.

Como resultado de su prolongado aislamiento, la población cantábrica constituye el único linaje meridional puro, con la diversidad genética más baja de todas las poblaciones de urogallos (1).

Según los censos y estimas llevados a cabo en las cuatro últimas décadas, nos encontramos ante una población pequeña, con una tendencia regresiva. Entre los diversos factores que parecen influir en este proceso tienen un efecto demostrado únicamente la fragmentación y pérdida de calidad de hábitat. Es algo que tiene su lógica si tenemos en cuenta que el urogallo es un especialista forestal. Además, los bosques montanos de la cordillera Cantábrica están muy fragmentados. En Asturias, por ejemplo, sólo el 23% de ellos constituye un hábitat adecuado para el ave (2).

Ante esta crítica situación, el urogallo cantábrico fue declarado en 2005 como “En peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, con la consecuente obligatoriedad para las administraciones implicadas –Junta de Castilla y León, Principado de Asturias, Xunta de Galicia y Gobierno de Cantabria– de redactar planes de recuperación que frenasen el declive.