Justicia a golpe de talonario

Es estimulante ver cómo cada vez más las ONG ecologistas crean alianzas entre ellas para enfrentarse a problemas puntuales, pero que atañen a todas aquellas que se unen en un momento dado para actuar. Qué mejor ejemplo que la acción conjunta de las llamadas “cinco grandes”: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España. Son ya todo un lobby que hace bien en prodigarse como tal en los tiempos que corren, en los que comprobamos día a día cómo mucho de lo logrado durante décadas en materia medioambiental se frena o retrocede.

Eso de que la unión (ecologista) hace la fuerza lo acabamos de ver en la regulación de la llamada justicia gratuita, objeto de un proyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno. En un principio, en la futura normativa no se iba a contemplar ese beneficio para las asociaciones de defensa del medio ambiente, cuando hay en cambio otros sectores de la sociedad civil que sí lo iban a disfrutar en consideración a su labor altruista. Afortunadamente, la presión de las “cinco grandes” ha sido definitiva para que Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, rectifique.


No se puede dar nada por seguro hasta que no culmine la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, pero la rectificación del ministro llega en un momento clave: otras dos leyes ya aprobadas por este gobierno, la de Tasas y la reforma de la de jurisdicción contencioso administrativa, estaban poniendo muy difícil a muchas ONG lo de acudir a los tribunales para litigar en los casos de agresiones ambientales que denunciaban.

Poder acogerse a la justicia gratuita vendría a poner algo de coherencia en una situación kafkiana que tiene su máximo exponente en las desorbitadas cauciones que se imponen por determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o la ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental. Ahí está el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que a principios de 2012 fijó en más de cuarenta millones de euros la fianza que deberían asumir los grupos ecologistas litigantes para hacer efectiva la paralización –que ese mismo tribunal había dictaminado en una sentencia anterior– de las polémicas obras de la urbanización Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. La fianza no pudo ser satisfecha y a partir de ese momento se relanzaron las obras en esta isla del embalse de Valdecañas que está protegida nada menos que por una zona ZEPA. Ahora que la urbanización está terminada, el Tribunal Supremo ha ratificado la paralización impuesta, pero no ejecutada, años atrás. ¿Alguien lo entiende?

Este tipo de situaciones al final se traduce en una clara desprotección de los valores ambientales, ya que ata de pies y manos a las ONG ecologistas que, no lo olvidemos, son entidades sin ánimo de lucro que dedican todos sus recursos a defender un bien colectivo como es el medio ambiente. Son muchas las agresiones a nuestro medio natural que se han conseguido frenar en los tribunales gracias a la iniciativa judicial de esas ONG. Apoyadas en la capacidad de maniobra que les concede su base social, son ellas las que están asumiendo con gran madurez y eficacia una función de vigilancia y persecución de los delitos ambientales que deberían hacer de oficio con más contundencia las administraciones públicas. Una sociedad que se diga orgullosa de su patrimonio natural no puede permitirse el lujo de que esa labor sea obstaculizada.