Miércoles 22 de octubre de 2014
Una anomalía. Eso es lo que parecen los espacios naturales protegidos cuando se invocan las leyes del mercado. De otra forma no se entiende que Doñana, una de las joyas de nuestra red de parques nacionales, permanezca sitiada por un sinfín de amenazas. Las más recientes son el dragado del río Guadalquivir, el almacén subterráneo de hidrocarburos y la resurrección de la mina de Aznalcóllar. Tampoco vamos a escandalizarnos a estas alturas, cuando ya se han propuesto –y desestimado– desde urbanizaciones hasta carreteras. O cuando los linces que escapan del cerco mueren vilmente atropellados como cualquier perrillo callejero. Pero no deja de resultar chocante que todo eso siga girando en torno a un parque nacional de la categoría y el renombre internacional de Doñana.
WWF España acaba de apuntarse dos recientes victorias, siempre parciales, en la dura lucha contra el lucro y el expolio, aunque haya sido con el apoyo de fuerzas extranjeras. Ha conseguido, por un lado, que la Comisión Europea paralice el proyectado almacén de hidrocarburos y, por otro, que la Unesco se oponga al dragado del Guadalquivir. No son malos aliados.
En enero de 2013, WWF España inició una intensa campaña en contra del proyecto promovido por Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural-Fenosa, para crear 14 pozos de extracción de gas, 20 kilómetros de nuevos gasoductos y un almacén subterráneo de hidrocarburos en Doñana. Casi ná, que dicen por aquellos lares. Más de 10.000 personas firmaron una carta abierta de WWF al ex presidente Felipe González, entonces consejero de Gas Natural-Fenosa, para que pusiera freno a semejante desatino.
Un mes más tarde, esta misma ONG acudió a la Unión Europea para presentar una queja contra la declaración de impacto emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que consideraba viable el llamado proyecto Marismas Oriental (Marismas B-1 y Marismas C-1). La Comisión Europea solicitó información a las autoridades de nuestro país, pero al no estar conforme con las respuestas recibidas procedió a la apertura de un expediente de infracción contra España. Hace unos días, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha confirmado que, aunque medie una declaración de impacto positiva, la Junta de Andalucía no concederá los permisos pertinentes “hasta que no se haya efectuado una valoración adicional.” Algo es algo. No se ha ganado la guerra, pero sí una batalla. No obstante, las verdaderas razones del desplante quizá se encuentren en el diferente signo político de los gobiernos central y andaluz.
La Unesco, por su parte, también se ha pronunciado en contra del almacén subterráneo de hidrocarburos y pide además al Gobierno español “un compromiso permanente” para que no se lleve a cabo el dragado del río Guadalquivir, obra que defiende la Autoridad Portuaria de Sevilla. El organismo encargado de velar por la protección del Patrimonio de la Humanidad, un programa en el que está incluido el Parque Nacional de Doñana, también destaca la nefasta gestión del agua y la descoordinación de las autoridades competentes. En otras palabras, más miserias de patio de vecinos.
Pero los sitiadores no dan tregua y ahora se descuelgan con poner en marcha de nuevo la mina de cobre de Aznalcóllar. La misma cuyos lodos anegaron el cauce del Guadiamar en 1998 y a punto estuvieron de dar la puntilla a Doñana. ¡Qué débil es a veces la memoria para según qué asuntos! No importa que Boliden, la empresa entonces concesionaria, se haya ido de rositas. Tampoco el dineral que nos costó a todos limpiar, dentro de lo posible, aquel desastre. Y mucho menos que Doñana esté a un paso, con sus malditos patos. Ya dice el refrán que no se escarmienta en cabeza ajena, pero está visto que tampoco en la propia.