San Glorio nos asista

Después de años de lucha en los tribunales, parece que por fin se ha cerrado el caso de San Glorio, tantas veces abordado en las páginas de Quercus. En una sentencia notificada el pasado 18 de marzo, el Tribunal Constitucional ha considerado nula la ley que en 2010 modificó el PORN del Parque Natural de la Montaña Palentina. Los cambios introducidos pretendían dotar de legalidad a un proyecto faraónico e incompatible con sus valores naturales. La empresa Tres Provincias planeaba construir una estación de esquí con más 50 kilómetros de pistas y 20 remontes mecánicos, capaces de transportar hasta 27.900 personas en una hora. Además de todas las infraestructuras y los servicios que acompañan a unas instalaciones de este tipo.

Desde el planteamiento inicial, hubo unanimidad entre la comunidad científica y las organizaciones conservacionistas sobre lo inadecuado de emplazar una estación de esquí en un paraje que cuenta con tres figuras de protección: Parque Regional, Parque Natural y Red Natura 2000. Los diferentes tribunales implicados en el proceso han ido dando la razón a los opositores al proyecto, en contra de los intereses particulares de la empresa y del apoyo incondicional de la Administración castellano-leonesa. ¿Acaso su obligación no era salvaguardar los bienes comunes de alto valor ecológico? Parece un caso claro de dejación de funciones que ha tenido que resolverse, una vez más, en los tribunales.

A juicio de SEO/BirdLife, WWF España, la Fundación Oso Pardo y Gedemol, “es necesario cerrar de una vez por todas el debate de la gran estación y dejar de generar tensiones, falsas expectativas y frustración en la comarca, apostando por el desarrollo completo de los parques y la promoción de proyectos y actuaciones más dimensionados al territorio.” Las cuatro entidades consideran que los municipios de la montaña leonesa y palentina necesitan un fuerte impulso social y económico que contrarreste la pérdida de población y de renta que vienen padeciendo, pero esto debe hacerse sin sacrificar sus valores naturales y culturales. No es de extrañar que, por su parte, Ecologistas en Acción haya pedido la dimisión de Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, pues llueve sobre mojado. Los tribunales han anulado otras tres iniciativas promovidas por su gobierno y aprobadas en el parlamento regional, como el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la Ciudad del Medio Ambiente (Soria) y el complejo de ocio Meseta Ski de Tordesillas (Valladolid). Casos muy claros, todos ellos, de especulación inmobiliaria en espacios naturales protegidos y con financiación pública.

Tampoco es manca la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan parcial de la finca Los Merinos Norte, situada en el término municipal de Ronda (Málaga), un encinar donde iban a construirse 800 viviendas y dos campos de golf. Esta vez la empresa era el Club de Campo de Golf y la administración cómplice el Ayuntamiento de Ronda. Otro caso evidente de dejación de funciones por parte de un organismo público y un triunfo de Silvema y Ecologistas en Acción.

La connivencia entre administraciones públicas y empresas privadas, en detrimento del patrimonio natural común, es una vaharada más en ese ambiente enrarecido que se respira en la España del chalaneo, las comisiones, los clientelismos y la desfachatez. A la espera de una apertura general de ventanas, prevista para este mismo año, es meritorio que al menos un poder del Estado, el judicial, cumpla con las expectativas que hoy parecen eludir los otros dos, el ejecutivo y el legislativo.