Una normativa ineficiente que debe ser revisada y un uso de los fondos públicos más que discutible, que elude olímpicamente la responsabilidad que tienen las compañías eléctricas de financiar la corrección de sus tendidos peligrosos, está favoreciendo la muerte masiva de aves, en muchos casos especies protegidas.
Por Juan Pablo Castaño y José Guzmán
Cada año mueren electrocutados en España varios miles de aves, en su mayoría rapaces u otras especies protegidas. Esta causa de mortalidad no natural y evitable afecta de forma dramática a las que presentan un mayor grado de amenaza, como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila perdicera (Aquila fasciata), el alimoche (Neophron percnopterus) o el milano real (Milvus milvus). Para el águila perdicera, en clara regresión en España, la electrocución es la principal causa de mortalidad y compromete seriamente su conservación.
Existe abundante normativa a nivel estatal y autonómico por la que se establecen medidas para reducir este problema. Además se invierten en ello cuantiosas sumas de dinero, principalmente público, y en buena medida procedente de las arcas comunitarias a través de fondos Feder, Life y otros. ¿Pero es esto suficiente? Los hechos demuestran que no y, por lo tanto, hay que revisar y mejorar tanto la normativa como los criterios para marcar prioridades en el destino de estos fondos y optimizar unos recursos públicos siempre escasos.
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