El concepto emergente de infraestructura verde tiene el potencial de aunar esfuerzos de conservación y gestión sostenible del paisaje y los recursos naturales. Pero el éxito de su implantación dependerá de que lo veamos con buenos ojos y no lo sintamos como un nuevo engendro administrativo externo o impuesto. Una buena oportunidad es la futura estrategia estatal en esta materia.
Por Paula M. Gil, Alicia Forner y Fernando Valladares
Para buena parte de la ciudadanía con interés por la naturaleza resulta insólito que el conjunto de los espacios protegidos, incluida la Red Natura 2000, no sea suficiente para detener la pérdida de biodiversidad en el territorio europeo (1). Sin embargo, este hecho no debe sorprendernos cuando analizamos las causas que deterioran o destruyen nuestros ecosistemas y tomamos conciencia de la elevada tasa de degradación y de la escala global de los procesos y los efectos que están implicados.
Empecemos diciendo que las tasas de cambio en los usos del suelo actuales son tan elevadas que no existen precedentes en la historia de la humanidad. Estas transformaciones rápidas e intensas están en el origen del cambio global al provocar alteraciones en los balances de energía y en los ciclos biogeoquímicos, contaminación generalizada, degradación de hábitats, erosión e incluso perturbaciones del clima a escalas local y regional.
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