No hay nada mejor que un gratificante día de campo para que los naturalistas nos reconciliemos con lo que somos y con lo que nos rodea. Por eso mismo, pocas cosas resultan tan frustrantes como tropezar con puertas, vallas, verjas y cercados que entorpezcan el acceso a esos lugares por los que siempre hemos deambulado para disfrutar con su flora y fauna, contemplar el paisaje o darnos una buena caminata.
A menudo llegan denuncias a nuestra revista que alertan sobre el cierre de caminos por intereses particulares, sin respetar la servidumbre de paso que la ley reconoce a cualquier ciudadano. Así que nos hemos alegrado mucho al saber que –¡por fin!– se han iniciado las labores para deslindar un camino público tan emblemático como el que une las poblaciones gaditanas de Benamahoma y Zahara, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema.
No es un simple trámite administrativo para dar paso libre a una vía cerrada durante años por los propietarios de las fincas que atraviesa. Conviene recordar que fue aquí donde detuvieron a Juan Clavero, el destacado ecologista gaditano, cuando regresaba de una marcha popular bajo una injusta acusación por tráfico de drogas. Como ya hemos recogido en Quercus, aquello fue una zafia trama para incriminarle en un delito que no había cometido y someterle a un proceso judicial en el que finalmente ha sido absuelto. Las muestras de apoyo fueron espectaculares y son ahora los responsables de aquella encerrona los que deben enfrentarse a la justicia.
Tal y como explica Ecologistas en Acción en una reciente nota de prensa, la enorme repercusión mediática de aquel bochornoso episodio, la ola de solidaridad generada en torno a Juan Clavero y la multitudinaria marcha que discurrió por ese camino el pasado 8 de octubre, superando todo tipo de impedimentos, han hecho reaccionar a las administraciones públicas.
En esta misma línea, otra noticia importante ha sido la modificación de la ley de caza en Castilla-La Mancha, recientemente aprobada en su Parlamento. Ecologistas en Acción ha vuelto a tener un protagonismo destacado, junto con otros cuarenta colectivos integrados en una plataforma ciudadana y el apoyo de casi 120.000 personas a título particular. Según esta ONG, “a partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza, será más seguro caminar y se sancionará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público”. Es la primera vez en España que se modifica una ley de caza a raíz de las demandas presentadas por quienes defienden un medio natural sin usuarios privilegiados.
Ambos logros, el de Andalucía y el de Castilla-La Mancha, son también un ejemplo de hasta qué punto las ONG y las movilizaciones sociales pueden ganar importantes batallas en la defensa del acceso sin trabas a los espacios naturales. Ya lo saben nuestros lectores: la ley les asiste y pueden denunciar cualquier bloqueo interesado o cortapisa que se alce en contra su derecho a disfrutar de la naturaleza.