Las imágenes de televisión son siempre impactantes. Las del Mar Menor a me-diados del pasado mes de octubre mostraban un panorama apocalíptico. Mi-les de crustáceos y peces muertos, entre ellos la amenazadísima anguila, se acumulaban en las playas de su extremo norte. Ni siquiera se libraba el cangrejo azul, una especie exótica, invasora y capaz de prosperar en entornos muy perturbados. Pero no tanto. Lo que aquellas escenas no podían transmitir es el hedor que des-prendían las víctimas de semejante hecatombe.
¿Víctimas de qué? Según Antonio Luengo, consejero de Agricultura de la Re-gión de Murcia, víctimas de las lluvias torrenciales provocadas por la Gota Fría. Un culpable ajeno a cualquier planificación política y que exonera de responsa-bilidades inmediatas. Según las organizaciones ecologistas, las causas hay que buscarlas en la pésima gestión del Mar Menor, la mayor laguna salada de las costas españolas, a la que sirven de poco las figuras de protección que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, desde Sitio Ramsar hasta Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Aunque el titular murciano de agricultura quiera escurrir el bulto, el origen de los más graves problemas del Mar Menor hay que buscarlos en su entorno, donde se ha promovido una agricultura intensiva e industrial basada en el uso indiscriminado de fertilizantes y fitosanitarios. La contaminación por nitratos, indispensables en este tipo de abonos químicos, es la que favorece la prolifera-ción de algas microscópicas que, al consumir grandes cantidades de oxígeno, crean condiciones de anoxia y provocan, en definitiva, la muerte de peces y crustáceos. Un episodio puntual de fuertes lluvias puede agudizar el problema, pero las causas están bien definidas y tanto la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) como WWF España y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia llevan años reclamando soluciones y un Plan de Vertido Cero.
El sector agrícola, del que dependen unos 4.000 empleos en el entorno de la laguna, tiene carta blanca para intensificar sus cultivos, desalar agua para riego y recurrir al abundante arsenal de productos químicos que proporciona la in-dustria. Es más, en eso radica precisamente la prosperidad de sus campos, aun-que suponga una sentencia de muerte para el Mar Menor. Muy de vez en cuando se cierra algún pozo ilegal, pero ese no es el frente en el que batalla el consejero de agricultura ni el Gobierno Regional. Pelillos a la mar, aunque por el camino se queden unos cuantos peces.
El razonamiento recuerda mucho a la disyuntiva entre patos y agricultores falazmente planteada en el entorno de Doñana, que debe estar cerca de alcan-zar el récord mundial de pozos ilegales con fines agrícolas. Cuando hay votos y dinero de por medio, las cuestiones ambientales pueden esperar. Son decorati-vas, pero no pueden interferir en el desarrollo. Una visión pacata y cortoplacis-ta que no confía en que el colapso ambiental vaya a coincidir justo con sus cua-tro años de legislatura.
Pero el Mar Menor hace tiempo que está cerca de ese colapso. Es una isla de aguas saladas completamente rodeada de densas urbanizaciones y puertos de-portivos, por el lado de la costa, y por una superficie cada vez más uniforme de explotaciones agroindustriales por el lado del interior. Es el modelo que rige en las economías de mercado: protección, aunque sea a regañadientes, de los es-pacios naturales que se designan como tales y luz verde a cualquier tropelía en su inmediata cercanía. Esa es la desgracia del Mar Menor, la intensificación que campa a su alrededor, tanto urbanística como agrícola. Y luego se extrañan de que aparezcan peces muertos.