Miércoles 22 de octubre de 2014
Para que las medidas agroambientales de la Unión Europea ayuden a
mejorar la biodiversidad, no basta con que los agricultores las acepten y las apliquen bien. Hay que preguntarse hasta qué punto están sirviendo
realmente para beneficiar a la flora
y la fauna silvestres y, con la vista
puesta en este objetivo, someterlas
a evaluación y revisión continua.
Las medidas agroambientales de la Política Agraria Común (PAC) son contratos voluntarios entre los agricultores y las administraciones públicas. Mediante ellos, los primeros perciben una compensación económica por realizar prácticas menos rentables que las habituales en términos comerciales, pero que se supone son ambientalmente beneficiosas.
Curiosamente, el objetivo original de estas medidas no era ambiental. Se incorporaron en la reforma de la PAC de 1992, aprobada sobre todo para paliar los problemas socioeconómicos y políticos asociados a la intensificación agrícola y propiciados por los mecanismos de mantenimiento de precios. Se trataba de disminuir excedentes extensificando la agricultura, lo cual también contribuiría a reducir impactos ambientales como la contaminación, la simplificación del paisaje agrícola y la pérdida de diversidad biológica.te tipo, unas sesenta hasta 2003.
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