En virtud de una sentencia histórica, la Junta de Castilla y León deberá compensar económicamente con más de un millón y medio de euros la muerte de 173 lobos, al anular el plan de caza del lobo entre 2016 y 2019 promovido por el Gobierno regional. Este plan permitía matar lobos en un número establecido a través de cupos anuales.
Por Ignacio Martínez Fernández
El pasado 27 de diciembre, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) tuvo conocimiento de una sentencia favorable a su petición, cursada en junio de 2017, de anular los “aprovechamientos comarcales” de lobo (Canis lupus) al norte del Duero para el trienio 2016-2019.
Con ese nombre se conoce en la jerga oficial el programa de matanzas de lobo, a través de la caza de una especie protegida y clave para nuestra salud ambiental, que había sido aprobada por una una resolución de la Junta de Castilla y León en julio de 2016.
La nueva sentencia es un hito en el ajuste de normas viejas a las superiores que amparan la protección ambiental. Pero, sobre todo, este pronunciamiento judicial, con una claridad envidiable, consolida el papel del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como garante de la racionalidad de las prácticas cinegética porque, primero, no se puede matar injustificadamente y, segundo, no se puede cazar una especie protegida.
Autor: Ignacio Martínez Fernández es presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ascel@loboiberico.com ).
Echa una mano
Tras elaborar un informe con la argumentación científica para catalogar al lobo en España como especie "Vulnerable", Ascel ha puesto en marcha una campaña en respaldo a su propuesta. Más información y adhesiones, en https://loboiberico.com/apoya-catalogacion-lobo-espana/
Este contenido es un resumen / anticipo de una información cuyo texto completo se publica en la revista Quercus, tanto en su versión impresa como digital.