Hace más de cinco años publicamos un cuaderno monográfico dedicado al lobo ibérico en el que pedíamos que dejase de ser una especie cinegética al norte del río Duero. “En otras palabras” –decía entonces nuestro artículo editorial– “vamos a luchar para que se le confiera una mayor protección y mantenga el mismo estatus legal en toda España.” Pues bien, estamos de enhorabuena. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado recientemente que el lobo será incluido en el denominado Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Se basa para ello en un dictamen que deja poco lugar a la duda, por no decir ninguno, elaborado por un comité científico ministerial y que se deriva de una petición previa cursada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) en 2019, en la que se reclamaba formalmente la protección legal de toda la población española de la especie. Se trata de un paso de trascendente importancia, ya que, de una vez por todas, el lobo dejará de ser pieza de caza en todo el territorio español, algo de lo que nos felicitaremos cuando sea por fin una realidad. Esperamos que el asunto se resuelva cuanto antes y a través del Boletín Oficial del Estado, como ha hecho bien en reclamar Ascel.
Otra especie tradicionalmente cinegética y en precario estado de conservación es la tórtola, cuyo declive exige adoptar medidas sin demora. La Comisión Europea acaba de advertir muy seriamente a España sobre la necesidad de reforzar su protección, tal y como reflejamos en este número de Quercus (pág. 37). De no hacerlo, nos arriesgamos a multas más que considerables por incumplimiento de la Directiva de Aves. SEO/BirdLife ha reclamado ya una moratoria inmediata de su caza en nuestro país, que acoge a más de la mitad de la población europea de tórtolas reproductoras.
Los que parece que sí quedarán definitivamente blindados frente a la caza son los Parques Nacionales. El pasado 5 de diciembre finalizó la prórroga legal que aplazó durante seis años la entrada en vigor de la prohibición de cazar que contemplaba la Ley de Parques Nacionales. Parece una decisión perfectamente asumible para los contados espacios protegidos que han merecido el mayor grado de reconocimiento legal y social. Y cuya superficie, por cierto, solamente ocupa el 0’75% del territorio nacional. Porcentaje ridículo si se compara, por ejemplo, con la gigantesca extensión que suman todas las fórmulas al uso de terrenos destinados a la caza, tal y como se ha encargado de recordar Ecologistas en Acción. Tampoco han dejado de denunciar maniobras para que no llegue a hacerse efectivo el fin de la caza en ciertos parques nacionales, con la excusa de mantener bajo control las poblaciones de ungulados.
Dicho pretexto tampoco debería prevalecer en los refugios de fauna amenazada, algo que se ha hecho dramáticamente evidente tras la muerte a tiros de dos osas durante sendas cacerías de jabalíes el pasado mes de noviembre. Una fue abatida en la Montaña Palentina y la otra en el Pirineo Aragonés, precisamente donde sobreviven dos de las poblaciones oseras más precarias y vulnerables de toda Europa occidental. Confiamos en que la ley se aplique con todo rigor y castigue a los presuntos responsables. Mientras tanto, son cada día más numerosas las voces que piden endurecer las penas por matar a especies en peligro de extinción, incluso prohibir la caza en los territorios donde habitan. En definitiva, lobos, osos, tórtolas y parques nacionales nos están dando una pista sobre el grado de aceptación y las líneas rojas de una actividad como la caza en una sociedad cada día más pendiente de la fauna silvestre.