Cuando este número de Quercus estaba a punto de entrar en máquinas, dejamos empantanada en el Parlamento Andaluz una propuesta de ley que exonera de responsabilidades a los agricultores que han saqueado ilegalmente al agua de Doñana para poner en regadío 1.605 hectáreas de cultivos intensivos destinados a la producción de frutos rojos, principalmente fresas. El objetivo es diáfano y consiste en recalificar todas esas fincas como suelo agrícola regable. Dicho con otras palabras: recompensar al infractor y alentar a los que todavía no se han atrevido a hacerlo con la garantía de su futura impunidad. Inaceptable en un Estado de Derecho.
De nada han servido las opiniones en contra de la Comisión Europea, la Unesco, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y todas las organizaciones ecologistas en bloque. Los únicos interesados, aparte de los propios delincuentes, han sido los tres grupos parlamentarios que apoyaron la propuesta: Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, que han contado con la sorprendente abstención del PSOE. ¡Qué caros salen los votos en Andalucía! Sobre todo, cuando hay elecciones autonómicas previstas para este mismo año.
Por otro lado, es muy posible que estemos ante una maniobra para satisfacer las expectativas de los ladrones de agua hasta que se hayan celebrado dichas elecciones, pues la propuesta de ley no se ha tramitado con carácter de urgencia. De prosperar y promulgarse, sería para después de los comicios y entonces vaya uno a saber cómo se aborda el problema, con cuántos escaños y con qué argumentos. De momento, ganan tiempo, atan los votos que están en juego y luego les resultará fácil escudarse en la Comisión Europea para dar marcha atrás, pues amenaza con multas millonarias. Conociendo el precedente de El Algarrobico, otro fraude de ley, no es impensable que la estrategia sea dejar que el asunto se pudra por sí solo con el paso del tiempo. Incluso cabe la posibilidad de que los regantes díscolos se vean finalmente traicionados. Pero, al margen de coyunturas políticas, el problema de fondo es que no hay agua, ni robada ni legal. A día de hoy, el 80% de la cuenca del Guadalquivir está declarada en situación de sequía extraordinaria y la Confederación Hidrográfica ya ha reducido a la mitad el volumen destinado a regadío. Además, el nivel medio de sus embalses se cifra en un escuálido 28’6%.
A la guerra del agua en Doñana ha venido a sumarse en estos días la sentencia que declara ilegal la macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Los promotores actuaron exactamente igual que los regantes ilegales de Doñana: seguimos adelante con nuestro disparatado proyecto, al margen de cualquier evidencia u opinión en contra, y, si al final vienen mal dadas, ya buscaremos las vueltas para que el delito pase a ser legal por la fuerza de los hechos. En estos casos, nunca viene mal la ayuda de un par de manitas de ese barniz que con tanta diligencia se aplica, es decir, la supuesta riqueza que lloverá del cielo y los sacrosantos puestos de trabajo. Ahora, a ver quién paga la demolición que exige la sentencia. ¿De qué sirven tantros años de lucha para que se haga justicia si al final resultan estériles? Mucho nos tememos que ya tenemos montado otro Algarrobico.