El grupo ecologista valenciano Adensva recurre al Tribunal Supremo al entender que la inactividad del Gobierno está impidiendo proteger a las aves de la amenaza que suponen los tendidos eléctricos.
El pasado 25 de julio, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza del Sur de Valencia (Adensva) anunció que había interpuesto ante el Tribuna Supremo una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno de España por inactividad reglamentaria.
Uno de los motivos de la demanda era que la administración estatal no está protegiendo adecuadamente a las aves del peligro que suponen los tendidos eléctricos.
Según Adensva, esto se debe a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) debería haber modificado –algo que aún no ha hecho– el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en lineas eléctricas de alta tensión.
La modificación de este real decreto es una reivindicación de ecologistas y expertos desde hace años y de hecho el Miteco abrió en septiembre de 2020 una consulta pública relativa a esta medida.
Para Adensva la principal deficiencia del real decreto es que establece que son las administraciones quienes deben asumir el coste las correcciones de tendidos eléctricos promovidas por esta normativa. Según esta ONG son las compañías eléctricas titulares las que deben siempre costear las medidas correctoras.
Otro defecto del real decreto argumentado en la demanda ecologista ante el Tribunal Supremo es que esta normativa es sólo operativa en las llamadas Zonas de Protección que las comunidades autónomas deben establecer.
Para Adensva el real decreto debe cubrir todo el territorio por el que se mueven las aves y mueren en los tendidos, no sólo las Zonas de Protección.
Valoración de la fauna
La demanda presentada por Adensva ante el Tribunal Supremo también señala que aún no se ha aprobado un real decreto de valoración económica de la fauna silvestre protegida o amenazada, a efectos de indemnización con motivo de la tramitación de expedientes sancionadores.
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