Dinero público para las organizaciones ambientales

Como bien saben todos los contribuyentes, el impreso de declaración de la renta reserva un espacio para que cada cual asigne un porcentaje de sus impuestos a una confesión religiosa o a una serie de colectivos sociales laicos y sin ánimo de lucro. Pero lo que seguramente ignoran es que las organizaciones ambientales estaban excluidas de esta segunda opción. Hasta el mes pasado, el dinero recaudado por dicho concepto sólo se destinaba a financiar organizaciones con fines humanitarios y de ayuda al desarrollo. Una injusticia felizmente subsanada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto aprobado el 4 de mayo. A partir del próximo ejercicio fiscal, los ciudadanos dispondrán de una casilla para que un pequeño porcentaje de sus impuestos se destine a fines ambientales. Y las organizaciones ecologistas podrán reclamar la parte que les corresponde y aumentar así sus recursos con fondos públicos. Además, para que el resto de las ONG no vean menoscabados sus intereses a consecuencia del nuevo sistema de reparto, el porcentaje de libre atribución se ha visto incrementado en dos décimas, desde el 0’5% vigente hasta el 0’7%. En otras palabras, un 0’2% de los impuestos podrá destinarse a conservar la naturaleza y preservar el medio ambiente, a través de los colectivos que se dedican a esta tarea y que han acumulado ya una notable experiencia y credibilidad.

Por desgracia, el real decreto que reforma este aspecto acompaña a la Ley de Presupuestos del año próximo y no entrará en vigor hasta el siguiente ejercicio fiscal, es decir, el correspondiente al año 2007. En este mes de junio, cuando saldemos cuentas con el Estado de acuerdo con los ingresos percibidos a lo largo del año 2006, las cosas seguirán como estaban en los 19 años anteriores.

Merece la pena transcribir las declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 4 de mayo: “El Ministerio de Medio Ambiente calcula que durante el primer año de entrada en vigor de la norma los contribuyentes destinarán a la defensa del medio natural alrededor de tres millones de euros. Esa cantidad se canalizará a través de entidades y organismos no oficiales, vinculados a la defensa del medio rural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención del cambio climático. Contribuir financieramente será, por tanto, otra forma de ejercer la defensa activa de la naturaleza.”
Están por definir los criterios que deben reunir las organizaciones receptoras de estos fondos públicos y por eso abogamos desde aquí a que sean flexibles para que salgan beneficiadas la mayor parte de ellas. O las que buenamente quieran, pues sabemos por experiencia que algunas recelan de este tipo de ayudas porque pueden llegar a representar una forma de control sobre sus actividades. Dicho más llanamente: “la que se pase con las críticas, queda fuera del reparto.” Tras unos años de relaciones amistosas, el relevo de algún alto cargo o incluso un cambio de Gobierno podría traducirse en un recorte de tales fondos, lo que acarrearía dificultades a quienes contaban con ellos o ya los tuvieran comprometidos. De ahí los temores que puedan suscitarse sobre una hipotética falta de independencia.

No obstante, la misma seriedad que caracteriza a las ONG ambientales hará que sean previsoras y sepan acudir a estas subvenciones que les conceden todos los ciudadanos sin necesidad de verse comprometidas.