Desarrollo salvaje en el Levante español

El desenfreno urbanístico se suele justificar alegando coyunturas económicas ineludibles o posibilidades de negocio rápido que no pueden ser desaprovechadas. Pero es evidente que si nos encontramos ante una situación urbanística salvaje es por el interés de determinados grupos sociales y políticos extremadamente influyentes, no por el flujo de ninguna inercia económica inexorable.

En el Levante español, este desarrollo depredador se ha visto favorecido por medio de conexiones y dependencias –a veces evidentes, otras inconfesables– de ayuntamientos con promotores y constructores, a partir de complicidades políticas cimentadas en numerosas ocasiones en redes familiares o clientelares. Una nueva élite urbanística detenta el poder de facto en muchos municipios y potencia lo que podríamos llamar el discurso de la urbanización total. Sólo así se explica que, por ejemplo, existan en la provincia de Alicante –en proceso de desertificación– más de cuarenta proyectos de campos de golf, a los que se asocian miles de viviendas.
Frente a este desalentador panorama se enarbolan dos banderas intocables: la del motor económico y la del progreso. El Producto Interior Bruto (PIB) es el concepto estrella a la hora de buscar justificaciones. Sin embargo, la manera en la que se contabiliza su aportación es lo que precisamente resulta injustificable. Por ejemplo, ¿quién evalúa y dónde quedan contabilizadas en el PIB las pérdidas en diversidad biológica y paisajística o las causadas tanto por la contaminación atmosférica, edáfica o hídrica como por la esquilmación de los acuíferos? No tiene sentido un índice así si no se incluyen otros indicadores de desarrollo humano capaces de evaluar la situación medioambiental o el impacto ecológico, social y cultural de las actividades productivas.

El Observatorio de Coyuntura Económica Internacional ha advertido que el modelo español basado en la construcción es inviable. La idea falsa de progreso que transmite nace de una visión neoconservadora ligada casi exclusivamente al dinero, al individualismo y al consumo compulsivo que tan profundamente ha calado en nuestra sociedad.

De Los Ángeles a Torrevieja
Un problema asociado al actual desarrollo urbanístico aparece en el ámbito social y está relacionado con la desestructuración que lleva implícito. Recientemente, el profesor de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de Harvard, Carl Steinitz, uno de los máximos referentes mundiales de su disciplina, señalaba que el urbanismo acelerado de la Comunidad Valenciana “va a ser catastrófico a largo plazo”, tanto para la calidad de vida de los valencianos como para la actividad del turismo. En su análisis denunciaba que, a la larga, aparecerán múltiples problemas sociales que a su vez producirán más problemas económicos.

Los paisajes estandarizados y carentes de identidad producto de la especulación inmobiliaria conllevan efectos indeseables bien estudiados, entre otros, por Mike Davis. De la lectura de su libro Ciudad de cuarzo se deduce que el tipo de urbanización del litoral mediterráneo, ya exportado a Pirineos y la costa del Cantábrico, responde básicamente a la fórmula clásica de crecimiento de Los Ángeles.

Davis saca a relucir problemas asociados a las urbanizaciones de clase alta o media-alta situadas en la periferia de esta famosa ciudad norteamericana, que son extrapolables a la cuenca mediterránea: polarización social, reducción de la clase media, falta de infraestructuras, calificación permisiva del suelo para el comercio, pérdida de calidad de vida, más poder político para la élite inmobiliaria, lobbys de propietarios de zonas residenciales, aumento de los precios de suelo y vivienda, peor acceso de los más desfavorecidos a una vivienda en propiedad, destrucción del espacio público y aumento de los índices de criminalidad y de la tensión intervecinal.

Indaga Davis en la utopía burguesa que pretende entornos residenciales raciales y económicamente homogéneos y de cómo se llega a utilizar la ecología –en la publicidad inmobiliaria de los campos de golf son constantes las referencias– como modo de salvaguardar estos reductos de lujo.

Distanciados, salvo para afrontar costes
La constante especulación del suelo ha llevado a un crecimiento repentino y deslavazado. Se construyen macro-urbanizaciones desvinculadas por completo de los núcleos de población existentes, lo que genera a corto plazo un beneficio fácil y rápido para las arcas municipales. Sin embargo, a medio plazo supone la demanda permanente de servicios e infraestructuras por parte de los nuevos residentes.

Este tipo de urbanismo disperso no suele cubrir los gastos que genera (basuras, seguridad, transporte, mantenimiento de infraestructuras y otros). Mientras que el dinero resultante de las nuevas urbanizaciones queda en realidad en manos de promotores y constructores, los costes –no sólo ambientales– se socializan. Es bastante común que ayuntamientos que apostaron por este modelo se hallen actualmente con serias dificultades económicas y carencias de servicios.

Pero, además, el colapso social que supone el vertiginoso aumento de la población, que en ocasiones se ve multiplicada por cien, trae consigo un aumento considerable de problemas tales como la saturación de hospitales y centros educativos, segregación o delincuencia.

Es el futuro que le espera a lugares como la franja costera que se extiende desde Cabo Cope hasta Calnegre, en la Región de Murcia, una sucesión de playas casi vírgenes en cuyo entorno viven unos pocos centenares de personas. Y es que las macro-urbanizaciones proyectadas en la zona esperan dar cabida a sesenta mil habitantes.

Guetos acorazados para los ricos
Para seguir haciendo atractiva la oferta a pesar de los problemas generados, las promotoras han ideado las llamadas urbanizaciones de lujo. Generalmente ubicadas en áreas de alto valor ecológico y asociadas a actividades lúdicas como campos de golf o puertos deportivos, suelen estar patrocinadas por influyentes grupos inmobiliarios de capital foráneo.

La urbanización de lujo proyectada en el sector PAU 21, del término municipal de Orihuela (Alicante), es un claro ejemplo. Está prevista en uno de los mejores espacios naturales de la provincia, la sierra de Escalona, declarada LIC y ZEPA y considerada como un valioso centro de dispersión de águilas reales (Aquila chrysaetos) y perdiceras (Hieraaetus fasciatus). Se prevé construir más de dos mil viviendas y un gran campo de golf (ver Quercus 244, págs. 68 y 69).

Estas urbanizaciones para ricos se convierten en verdaderos guetos aislados socialmente del territorio donde se establecen. Están diseñadas para ofrecer a sus residentes toda clase de servicios e infraestructuras sin tener que salir fuera de sus instalaciones. Venden un mundo a la medida en el que no existe la delincuencia ni la pobreza. El acceso queda incluso, en ocasiones, restringido mediante vallas y muros, cámaras de seguridad, barreras y garitas.

Es a todas luces un modelo elitista que, lejos de generar algún tipo de beneficio económico o social en el entorno, favorece el rechazo social y la discriminación.

No relacionado con la calidad de vida
Una propuesta alternativa debe tener en cuenta modelos sostenibles basados en los lugares, con sus correspondientes racionalidades y prácticas culturales, ecológicas y económicas. Entendemos por lugares a esos espacios identitarios, que tienen una historia y una cultura y que hacen posible la relación de la gente.

La pérdida de paisaje e identidad no puede ser la condición sine qua non del desarrollo. Lo local no está condenado a desaparecer, sino que puede y debe convertirse en un marco de referencia en el que comencemos a construir una realidad más acorde con los valores de respeto al medio ambiente y solidaridad. Es necesaria una planificación integral en la que se articulen sociedad, cultura y naturaleza.

Las urbanizaciones que proliferan por todo el litoral están en las antípodas de estos planteamientos. Se diseñan para la posesión privada y el consumo, limitando o eliminando los espacios comunes donde la gente realmente crea sociedad.

Distintas organizaciones internacionales como la Unesco, así como diferentes ámbitos científicos, han puesto de manifiesto que la calidad de vida no depende del nivel económico y la capacidad de consumo. En el fondo de todo el problema, como acertadamente indica el sociólogo Antonio Aledo, de la Universidad de Alicante, subyace el modo en que la sociedad asume un término difícil de definir: la felicidad. El urbanismo masivo que padecemos no va a ser lo que nos proporcione más dosis de ella, sino todo lo contrario.