Negros nubarrones sobre las costas

Buen estreno el de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Lo primero que se le ha ocurrido lanzar, quizá como globo sonda, es una profunda reforma de la Ley de Costas, vigente desde 1988, y el anuncio de un gran Pacto Nacional del Agua. A nadie se le escapa que el Dominio Público Marítimo Terrestre es una franja de terreno donde se dirimen multitud de conflictos e intereses. Precisamente el incumplimiento de la ley ha generado ya miles de situaciones escabrosas y procesos judiciales. Como en otros casos de vulneración flagrante de la legalidad –sin ir más lejos, la explotación fraudulenta de los acuíferos– la tentación de los dirigentes políticos es abrir la mano, en lugar de hacer cumplir la ley. En un estado de derecho, la ley es una garantía de salvaguarda para los recursos colectivos e incumplirla, o relajarla, equivale a favorecer intereses particulares en detrimento del bien común.

A mediados del pasado mes de enero, con motivo de la toma de posesión de altos cargos en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Arias Cañete anunció que “agilizaremos los trámites administrativos y simplificaremos la normativa en materia medioambiental”, con el propósito de “poner en valor” el conjunto de las costas y playas españolas. Cada vez que un político recurre a la expresión “poner en valor” hay razones sobradas para echarse a temblar en el terreno ambiental. Ya conocemos la receta de periodos anteriores. Se trata, simplemente, de seguir despilfarrando el capital natural, nuestros “ahorros” a largo plazo, en aras de una salida rápida a la crisis económica. También lo ha expresado muy gráficamente Javier Arenas, compañero de Arias Cañete en el Partido Popular y candidato a presidente de la Junta de Andalucía: “somos la mejor zona residencial de la Unión Europea y quiero deciros que estoy harto de la milonga de la economía sostenible”. La sombra de El Algarrobico es cada vez más alargada.

Así planteada, la reforma de la Ley de Costas no persigue precisamente resolver los problemas actuales y proteger mejor nuestro litoral, sino alargar en el tiempo las concesiones y autorizar nuevos usos especulativos del suelo, aparte de eliminar barreras para favorecer urbanizaciones costeras, campos de golf, paseos marítimos y puertos deportivos. Como es lógico, esta política irá aparejada a un nuevo incremento en la demanda de agua a lo largo de todo el arco mediterráneo y de ahí el anuncio paralelo de un pacto nacional en dicha materia. Pero, claro, alguien debió recordarle a Díaz Cañete que también es ministro de Medio Ambiente, así que remató la jugada con un bálsamo para conciencias inquietas. Tras anunciar sus primeros proyectos, añadió que su objetivo era “armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de nuestros recursos naturales”. Tendría que explicarnos que entiende él por “decidida protección”, ya que parece sentir mayor inclinación por los infractores, los promotores de un turismo masivo y los empresarios del ladrillo.

Por desgracia, sabemos a dónde conducen este tipo de iniciativas. De hecho, ahora mismo estamos padeciendo las consecuencias de una burbuja inmobiliaria y, en lugar de buscar nuevas e imaginativas alternativas, Díaz Cañete apuesta con contumacia por una fórmula fallida. En contra de lo que dice el refrán, parece que no se escarmienta ni siquiera en cabeza propia.