Parece lógico que la responsabilidad de reducir –o, mejor aún, prevenir– la incesante muerte de aves en los tendidos recaiga en las compañías eléctricas y que sean ellas las que adopten, sin necesidad de recordárselo, las medidas necesarias y asuman el coste económico de aplicarlas. No nos cansaremos de insistir en ello desde la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en la que está integrada la revista Quercus junto con otras entidades conservacionistas.
Decenas de miles de cadáveres al año bajo los postes y los cables de las líneas eléctricas son demasiados como para conformarnos. Por mucho que reconozcamos la buena disposición de algunas compañías al actuar en casos concretos o situaciones puntuales, como cuando salen a la luz mortandades espectaculares en un mismo punto negro, que implican a fauna amenazada o emblemática y que han merecido la alarma social. Muchos de estos casos han quedado reflejados, por cierto, en las páginas de nuestra revista.
Pero no es ni mucho menos suficiente y la realidad del problema se impone a cualquier otra consideración. Tanto es así que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se ha dirigido a las comunidades autónomas para trasmitirles la preocupación por el hecho de que los expedientes administrativos abiertos por la muerte de aves en tendidos y las escasas sanciones impuestas no se corresponden con la enorme cantidad de casos detectados.
Por eso nos ha parecido que sienta un precedente muy importante que la Generalitat Valenciana, de nuevo a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, haya impuesto a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y a Iberdrola la modificación de los tendidos peligrosos de los que son titulares en una zona de la Red Natura 2000, la ZEPA “Montdúver-Marjal de la Safor”, en la provincia de Valencia. En el primer caso se ha tratado de un mandato administrativo y en el segundo de un acuerdo entre las partes. Pero lo verdaderamente importante es que, por primera vez que tengamos noticia, en ambos casos se recurre a la Ley de Responsabilidad Medioambiental para que los titulares de tendidos eléctricos que son peligrosos para las aves hagan lo que debería haber salido de ellos: evitar el daño y prevenir que vuelva a producirse.
Justo cuando la citada ley acaba de cumplir diez años de vigencia, esperamos a partir de ahora un uso más generalizado de esta normativa, que permita a las administraciones, pero también a cualquier instancia interesada, por ejemplo a los grupos ecologistas, exigir medidas preventivas o reparadoras a quienes realmente les corresponde, en este caso a las compañías eléctricas. La Ley de Responsabilidad Ambiental puede ser una herramienta ideal para actuar a gran escala, de manera rápida y resolutiva, lo que no debe impedir que en circunstancias especialmente graves, por ejemplo cuando se produzcan reiteradamente electrocuciones o colisiones en un mismo tendido sin que se adopten soluciones, pueda recurrirse a la vía administrativa sancionadora e incluso a la vía penal.
Las medidas correctoras que se apliquen en la ZEPA “Montdúver-Marjal de la Safor” beneficiarán sin duda a las especies de aves más susceptibles de morir en los tendidos eléctricos. Sobre todo y muy en especial a una de ellas: el águila perdicera. Asentada en esta ZEPA, se ha convertido, como en su día ocurrió con el águila imperial, en el emblema de la fauna que más sufre el azote de los tendidos eléctricos. Por eso la hemos elegido también como protagonista del emblema de nuestra Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.
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