El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelve a dejar en evidencia la política medioambiental de la Junta de Castilla y León, con la enésima sentencia que en esta ocasión declara nula de pleno derecho una orden de octubre de 2016 que autorizaba como medida fitosanitaria la quema de rastrojos de cereales.
La Federación de Ecologistas en Acción Castilla y León presentó un recurso contencioso-administrativo contra la orden, ya que no constaba en el expediente ningún dato o informe que justificara la necesidad de dictar dicha resolución para el control de plagas de topillos, además del hecho de que la quema de rastrojos no era el medio adecuado y necesario para combatirlas.
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