El hecho de que España destaque por su biodiversidad tiene, como lado perverso, que los impactos en su medio natural alcancen la magnitud que reflejan las cifras de animales electrocutados, envenenados o atropellados, por poner algunos ejemplos. Quizá sea ese también el motivo por el que los centros de recuperación de animales salvajes desempeñan en nuestro país una labor que, hoy por hoy, nos parece insustituible. Su papel sintoniza plenamente con la demanda de la sociedad y el derecho de los ciudadanos a una vida silvestre bien conservada. Y, por supuesto, a que los animales heridos puedan ser atendidos y rehabilitados en las mejores condiciones posibles, cuando son víctimas, con más frecuencia de la deseable, de los daños que causan las actividades humanas.
Las administraciones a las que hemos encomendado la tutela de nuestras especies y sobre las que recae la responsabilidad de conservarlas y recuperarlas, deberían mostrarse más que agradecidas por el trabajo constante y callado que veterinarios, rehabilitadores de fauna, biólogos y demás profesionales, a menudo asistidos por una gran cantidad de voluntarios, realizan en esa trinchera en primera línea de la defensa de la naturaleza que son los centros de recuperación. A cualquier hora del día o de la noche, en laborables o festivos, llueva o truene. Por eso nos resulta incomprensible que uno de esos hospitales de fauna, el que gestiona la ONG Amus (Acción por el Mundo Salvaje) en Villafranca de los Barros (Badajoz), vea ahora mismo peligrar su continuidad tras una trayectoria de décadas atendiendo a decenas de miles de animales que ingresaron en sus instalaciones con problemas de los más diversos y a los cuales se les dio una segunda oportunidad de rehacer su vida en libertad.
Más sorprendente todavía es que los actuales apuros de Amus estén causados por los constantes recortes presupuestarios y las crecientes trabas burocráticas que interpone la Administración a la hora de apoyar con fondos públicos una labor de tan alto interés general. Prueba de ello es que esta ONG, por el hecho de serlo, no pueda optar ya directamente a gestionar un servicio público en el que se había especializado desde hace años, como es la recogida de la fauna salvaje necesitada de atención en la provincia de Badajoz. Podrá hacerlo sólo si es subcontratada, en las condiciones que le vengan impuestas, por la empresa ahora encargada de dicho servicio. Empresa que, por cierto, acaba llevando los animales que recoge… ¿Adivinan dónde? ¡Al hospital de fauna de Amus!
Otra muestra de este sinsentido es que en 2018, por primera vez desde hace más de dos décadas, el Gobierno regional haya dejado de subvencionar el rescate de puestas y pollos de aguilucho cenizo amenazados por el paso de las cosechadoras, en el que Amus participa, precisamente cuando más preocupante es el declive de las especies asociadas a los ambientes agrícolas. Nos gustaría saber en qué sesudo informe técnico se ha basado esta decisión. Y, ya de paso, cuánto les cuesta a los extremeños esta empresa interpuesta.
Señores de la Junta de Extremadura, son precisamente ustedes, gracias al rédito político y al prestigio social que brinda una naturaleza tan privilegiada como la de su región, quienes más orgullosos deberían estar por la labor de Amus y de tantas otras ONG ambientales. No es sensato, ni mucho menos justo, dejarlas de lado, cuando gracias a todas ellas hoy nos felicitamos, por ejemplo, de que los espacios naturales extremeños sean visitados por legiones de observadores de aves y ecoturistas de todo el mundo.
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