Ha sido llamativa, por ejemplo, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio para proteger legalmente el llamado Corredor de Migración de Cetáceos, una amplia región marina que se extiende frente a las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La medida se basa en una propuesta muy trabajada ya por las principales organizaciones ambientales y puede considerarse todo un éxito. Ahora bien, como recuerda la Alianza Mar Blava, el reto consiste en descartar definitivamente los proyectos de prospecciones petrolíferas que aún pesan sobre toda aquella zona. Incluso se ha lanzado ya algún globo sonda para tantear la posibilidad de que ese tipo de actividades no puedan ni siquiera plantearse en mar abierto, como ya ocurrió hace unos años en el caso de Canarias. No hace falta decir que varios de los permisos pendientes de aprobación se solapan con el recién creado corredor migratorio para los cetáceos.
Tampoco será fácil dar marcha atrás en la reforma de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Justo un día antes de que se aprobara la nueva reserva marina, los votos del Partido Popular, Ciudadanos, EAJ-PNV y PDeCAT permitieron que el Congreso de los Diputados sacara adelante la reforma y con ella dispensar un trato de favor varias especies exóticas e invasoras. Es sabido que alteran seriamente nuestros ecosistemas, pero tienen un gran interés para ciertos sectores económicos, sobre todo relacionados con la caza y la pesca. No sirvió de nada que se opusieran más de cien organizaciones ecologistas y científicas, seiscientos investigadores independientes y miles de ciudadanos a título particular. La reforma legal fue propuesta por el Partido Popular cuando todavía estaba en el gobierno, así que Ribera ha tenido escaso margen de maniobra para frenarla. Pero la ministra no ha dudado en criticar duramente su aprobación en diferentes foros, incluido el propio Congreso de los Diputados, lo que permite albergar esperanzas de retomar el camino que la ciencia y la sociedad demanda, el de un frente sin fisuras ante las invasiones biológicas.
También en este terreno y con buen criterio, Ecologistas en Acción ha insistido en que uno de los grandes retos para el nuevo ministerio es que España cumpla la parte que le corresponde del compromiso internacional para frenar la pérdida de biodiversidad en el año 2020. Del 17 al 29 del próximo mes noviembre se celebrará en Sharm el-Sheij (Egipto) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y allí debería acudir Ribera con un plan para abordar este monumental e ineludible desafío.
En definitiva, tanto el nuevo Gobierno como su flamante Ministerio para la Transición Ecológica deberían emplearse a fondo para que todos estos buenos propósitos no se queden en papel mojado. Un ministerio con ese nombre obliga a mucho si no quiere quedarse vacío de contenido y de enunciado. Sin ir más lejos, la ocasión es única para que España lidere en Europa las políticas más avanzadas en defensa de la naturaleza, tal y como han solicitado las principales ONG en la primera reunión que mantuvieron con la ministra el pasado 27 de junio.
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