Los peligros de ser un activista ambiental en México

Por Julio Martínez García

La última edición del informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) corresponde a 2019. Es cierto que en ese año se identificaron 39 ataques a activistas ambientales, la cifra más baja desde que se tienen registros, si se exceptúa el primer ejercicio de la serie histórica. “Sin embargo, es necesario destacar que, de los casos acaecidos, casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas asesinadas”, indican desde el CEMDA. “México se encuentra en los primeros seis puestos mundiales con un alto riesgo en la defensa ambiental”, asegura Alejandra Leyva, abogada de este centro de estudios.

Entre los sucesos más violentos de 2019 se ha de mencionar la muerte de Samir Flores, uno de los líderes que se posicionaron en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM). Se trata de un plan del Gobierno mexicano para crear una infraestructura de generación eléctrica en la zona central del país. Flores fue asesinado el 27 de febrero de 2019, en vísperas del referéndum propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicho proyecto. Previamente, Samir había sido amenazado.

Otros ciudadanos muertos durante 2019 fueron Otilia Martínez y su hijo, Gregorio Chaparro, valedores del territorio pueblo rarámuri ante la tala ilegal; Luis Álvarez Flores, protector del santuario del mono saraguato o aullador negro (Alouatta pigra) y del río Usumacinta; o Isaías Cantú Chaparro, presidente del comisariado de bienes comunales de "Paraje Montero", en el estado de Guerrero. Cantú se había opuesto a la minería de oro y plata en esta zona.

Los asesinatos no fueron el único tipo de agresiones que soportaron los activistas ambientales mexicanos durante 2019. También ha habido amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, hostigamiento, difamaciones, desapariciones forzadas, allanamientos, robos y secuestros. “Estas personas se encuentran en permanente amenaza por la judicialización, el crimen organizado o la estigmatización del Gobierno federal si se oponen a alguno de sus proyectos”, denuncia el defensor ambiental mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres en 2016.

El repunte de 2015 y 2016

Entre las iniciativas gubernamentales más cuestionadas ahora mismo se encuentran el Tren Maya -en la península de Yucatán- o la refinería de Dos Bocas, en el Estado sureño de Tabasco, confirman desde Greenpeace. Ambos proyectos presentan un alto impacto ambiental en el entorno. “Actualmente, y como ocurría con administraciones anteriores, se está priorizando una visión desarrollista que no es sostenible y que no cuenta con una perspectiva de derechos humanos”. Mientras tanto, el presidente López Obrador ha calificado de “conservadores que se disfrazan de gente de izquierda o de ambientalistas” a los que se oponían al Tren Maya. “Posiblemente el presidente no se dé cuenta, pero sus palabras generan una estigmatización hacia estas personas”, indica María Colín, abogada ambiental y portavoz de Greenpeace México.

Acto informativo sobre el Tren Maya, uno de los grandes proyectos de infraestructura más polémicos
actualmente en México por su impacto ambiental (foto: CEDMA).

Los años con un mayor número de agresiones a activistas ambientaes fueron 2015 y 2016. Una situación que no fue casual, aseguran desde el CEDMA: “Este repunte fue posterior al proceso de reforma del sector energético, que comenzó con la iniciativa de modificación de la Constitución mexicana, aprobada por el Congreso de México en 2013 y que concluyó en agosto de 2014”. Esta reforma en el sector energético fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que la implementación de megaproyectos energéticos sin las debidas salvaguardias ambientales y sociales causó la sobreexplotación de los recursos naturales, el despojo de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas, así como el fomento y generación de conflictos socio-ambientales".

La movilización social que se oponía a estos megaproyectos tuvo como respuesta, en estados como Oaxaca, un incremento de las agresiones a activistas ambientales. “La violencia funciona como un mecanismo para desincentivar a la ciudadanía en su participación en la protección ambiental”, asegura Leyva. Pero... ¿quiénes han sido los causantes de dicha situación?

Mecanismo de protección insuficiente

En un gran número de casos, no se ha podido identificar al culpable. Pero una vez determinado el autor, los poderes públicos han sido los principales responsables de esta situación. "En 2019 las instituciones señaladas fueron las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal”, explican desde el CEMDA. Otros actores que también han contribuido al hostigamiento de los defensores ambientales son el narcotráfico o crimen organizado y el sector privado, en concreto las grandes compañías transnacionales.

Para hacer frente a esta situación el Gobierno de México creó en 2012 el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pero los resultados no han sido tan positivos como se esperaba, ya que no se ha logrado reducir las cifras de agresiones, critica Castro. "Desde su creación ha actuado más desde un enfoque reactivo, pero no preventivo”, denuncia Leyva.

El acoso a los activistas ambientales no se circunscribe exclusivamente a México. Se extiende por toda América Latina. De hecho, y según la organización internacional Front Line Defenders, en ningún otro lugar del planeta son asesinados tantos activistas ambientales. Colombia lideró este trágico recuento en 2019 con 109 muertos, seguido por Honduras, Brasil, México y Guatemala. Además, en el 85% de los casos los afectados habían sido previamente amenazados, estigmatizados o desprestigiados. Todo ello, además, estimulado por el clima de impunidad existente y México no es una excepción: preocupa la falta de investigación exhaustiva y diligente por parte de las fiscalías, lo cual impide que se sancione a los responsables.

Todavía queda mucho por hacer

“En México existen muchas herramientas jurídicas y normativa en torno a asuntos ambientales, pero falta la aplicación efectiva de las mismas”, explica Colín. “Se debe limpiar el sistema judicial de la corrupción para evitar la impunidad y, además, también se han de limpiar los cuerpos policiacos, para garantizar la seguridad”, propone Castro. En cualquier caso, “si el estado mexicano cumpliera con los tratados internacionales y con sus obligaciones en estos derechos colectivos, se prevendrían muchos de estos conflictos socio-políticos”, explica Leyva.

"Todavía queda mucho por hacer, un trabajo en el que se han de involucrar tanto los poderes públicos como la sociedad en su conjunto, con el fin de erradicar las circunstancias de riesgo a las que se someten estas personas", concluye Castro, para quien si no se aborda este problema, "la situación seguirá siendo sumamente amenazadora para quien decide proteger el entorno natural".

Autor: Julio Martínez (juliomartinez.periodista@gmail.com) es periodista e historiador. Ha trabajado varios años en México como reportero de política, cultura y medio ambiente.

INFORME EN PDF

Se adjunta el documento Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales (2019).