En mayo de 2011 los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de la Unión Europea (UE) se marcaron el objetivo de detener en 2020 la pérdida de diversidad biológica en el ámbito comunitario. Para ello, aprobaron una «Estrategia sobre Biodiversidad» en sintonía con los compromisos internacionales adoptados el año anterior por 193 países, entre ellos España, durante la muy cacareada Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica celebrada en la ciudad japonesa de Nagoya. Fue una de esas reuniones que se convocan a bombo y platillo, congregan a miles de personas, acaparan el interés de los medios de comunicación, crean enormes expectativas y luego, a la hora de la verdad, ¡nada!
Buena prueba de que aquel loable empeño fracasó estrepitosamente es que la UE ya se ha dotado de una nueva «Estrategia sobre Biodiversidad», pero esta vez con el plazo temporal fijado en 2030. Una especie de prórroga para un reto que, ya con la perspectiva de 2020, se consideraba poco ambicioso y no admitía retrasos. Si en 2030 tampoco se detiene la pérdida de biodiversidad no faltará quien proponga 2040 para la siguiente intentona. Como si la biodiversidad fuera una cuenta bancaria que puede reponerse en los periodos de bonanza económica. Aunque el objetivo es y debe ser global, justo es reconocer que en España se han alcanzado algunos éxitos puntuales, como la recuperación de varias especies emblemáticas o la protección legal de espacios naturales, muchos de los cuales han ido a engrosar la Red Natura 2000. Pero, en términos generales, no sólo es evidente que no ha logrado detenerse la pérdida de biodiversidad, sino que se han agravado las principales amenazas directas que pesan sobre ella, como el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de los ecosistemas, el trasiego creciente de especies exóticas y la pérdida de hábitats naturales.
El indicio más significativo de dicho fracaso es que la biodiversidad sigue sin estar integrada, ni de lejos, en las principales políticas sectoriales: agricultura, pesca, transporte, vivienda o energía. Un ejemplo reciente es la preocupación que cunde entre conservacionistas y científicos respecto a los impactos en el medio natural y el paisaje que tendrán los grandes proyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas que promoverá el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. También queda por despejar la incógnita de si el actual proceso de reforma de la Política Agraria Común (PAC) será capaz de corregir los graves problemas ambientales que causa la intensificación del sector, tal y como nos recuerdan dos investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales en la tribuna que firman en este mismo número de Quercus (pág. 66). Pero mucho nos tememos que el año 2020 pasará a la historia por otros acontecimientos no menos tristes.
Ni España ni ninguno de los países que se comprometieron a frenar la pérdida de biodiversidad se creyeron de verdad que estaban ante un objetivo fundamental para tener unos ecosistemas saludables y que se han revelado vitales para la economía y el bienestar social. Teniendo en cuenta la inacción y el desinterés mostrados de manera sistemática por todos los gobiernos, ya es hora de proponer políticas realistas y ambiciosas que hagan frente a la pérdida de diversidad biológica, tal y como ha reclamado Ecologistas en Acción al incumplirse el plazo acordado.
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