El fin del aprovechamiento cinegético del lobo da paso a una nueva y esperanzadora etapa en la gestión de la especie, basada hasta ahora en la fragmentación territorial y la descoordinación administrativa, cuando no en la presión mediática y el balazo como recurso más sencillo. Una fórmula que ha demostrado ser claramente ineficaz.
Por Jesús Cobo
Hace medio siglo el lobo (Canis lupus) pasó por su momento más crítico en España y, contra lo que pudiera parecer, desde entonces su estado de conservación nunca ha sido favorable. El tamaño de su población, unos trescientos grupos reproductores, se mantiene contenido desde los años ochenta, aunque es complicado comparar los resultados de los dos censos nacionales de 1987-1988 (1) y 2012-2014 (2), ya que ambos fueron acometidos con metodologías muy dispares y una gran diferencia en cuanto a recursos.
La expansión del área de distribución continua del lobo como una “mancha de aceite” en el noroeste peninsular, hasta rebasar la frontera del Duero en los años noventa, vino acompañada de la desaparición de algunos núcleos meridionales y aislados, como los de la Sierra de San Pedro (Extremadura) y Sierra Morena. Estos eran precisamente los últimos reductos donde la especie estaba legalmente protegida, aunque nunca se aplicaron medidas de conservación y el intercambio genético estaba interrumpido desde hacía décadas.
AUTOR
Jesús Cobo Anula es biólogo y está especializado en proyectos de conservación de fauna amenazada. Durante la última década ha elaborado una propuesta de plan de acción y varios informes para WWF España sobre la conservación del lobo (2014), los beneficios derivados de conservar grandes carnívoros (2015) y la mortalidad ilegal de esta especie (2018).
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