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Golpe de timón en la UE

jueves 31 de octubre de 2024, 19:23h

Cuando nuestros lectores tengan esta revista en sus manos, posiblemente ya se habrá celebrado –o estará a punto de concluir– la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP16) en Cali (Colombia). Se supone que esta cumbre mundial servirá para valorar el grado de progreso y cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, un acuerdo histórico alcanzado en 2022 para conseguir detener la pérdida de diversidad biológica en 2030 y lograr el escenario ideal de un mundo en armonía con la naturaleza para 2050. Pero no son pocos los que a estas alturas temen que compromisos tan relevantes queden hipotecados por la preocupante pérdida de liderazgo de la Unión Europea (UE) en este terreno y el efecto en cadena que tal retroceso puede tener en otras regiones del mundo. Hoy nos preguntamos si han quedado definitivamente atrás esos tiempos en los que Bruselas era referencia internacional con instrumentos tan pioneros y relevantes como la Red Natura 2000 o las Directivas de Aves y Hábitats.

El pasado 14 de octubre, una veintena de ONG, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, enviaron una carta a Pedro Sánchez exigiéndole una postura clara y contundente en defensa de la legislación ambiental europea. Estas organizaciones han pedido al presidente del Gobierno firmeza para no ceder a las presiones que buscan retrasar o bloquear los compromisos adquiridos y dar marcha atrás en los logros ya alcanzados en el ámbito comunitario. El detonante de dicha carta fue el reglamento sobre productos libres de deforestación que, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, puede sufrir un retraso en su aplicación tal y como propone la Comisión Europea. Es algo a tener muy en cuenta ya que estamos hablando de la primera ley del mundo que aborda el problema de la deforestación mundial y cuya demora en aplicarla, aunque sólo sea un año, puede suponer la destrucción de 2.300 kilómetros cuadrados de bosque. Un precedente sin duda peligroso que quizá también condicione la trayectoria de otras normativas comunitarias tan relevantes como el recién aprobado Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que vio la luz in extremis y tras una tortuosa tramitación. De hecho, los firmantes de la carta a Pedro Sánchez le piden que se oponga a cualquier intento de reabrir el debate o rebajar la ambición del citado Reglamento.

Pero quizá el mejor ejemplo de involución ambiental de la UE, el que más puede tocar la fibra sensible de nuestros lectores, es el visto bueno otorgado el pasado 25 de septiembre por la mayoría de los Estados miembros a la propuesta de Bruselas de rebajar el estatus de protección del lobo en el ámbito del Convenio de Berna, el acuerdo internacional destinado a la protección de la biodiversidad europea firmado hace ya 45 años. España, es justo recordarlo, fue uno de los pocos países que se opuso a este cambio, que abre la puerta a la matanza de lobos como método de gestión de la especie, lo que va en contra del compromiso europeo de salvaguardar y restaurar la biodiversidad, tal y como ha señalado WWF España. Juan Carlos del Olmo, secretario general de esta ONG, habla de “una decisión vergonzosa donde la Comisión Europea da la espalda a la ciencia y cede ante las presiones de los partidos y sectores más reaccionarios de Europa”.

Precisamente el pasado 10 de octubre se difundió el nuevo informe Planeta Vivo 2024 de WWF, que alerta entre otras cosas de que el tamaño promedio de las poblaciones de vertebrados que han sido objeto de seguimiento ha sufrido una catastrófica caída del 73% en sólo cincuenta años, de 1970 a 2020. A raíz de la difusión de este informe, WWF ha instado a los gobiernos a destinar una mayor financiación pública y privada para afrontar este problema. Por cierto, gracias a la prestigiosa consultora internacional ODI, con sede en Londres, se ha sabido recientemente que la mayoría de los países miembros de la UE no aportan la parte que les corresponde al compromiso global de invertir 20.000 millones de dólares al año, acordado bajo la cobertura del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para proteger la naturaleza en los países en vías de desarrollo.

Aunque todo apunte en sentido contrario, la UE debe retomar la iniciativa, reafirmar su compromiso ambiental y resistir las presiones que buscan debilitar las normativas y las estrategias comunitarias en favor de la biodiversidad, un flanco quizás más vulnerable de lo que pensábamos y que hoy urge defender más que nunca.

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