Nadie olvida la primera vez que vio un lobo. Para quienes hayan podido contemplar al animal más totémico que aún nos brinda la naturaleza europea ya no es sólo que ese día pase a convertirse en un recuerdo imborrable. El afortunado observador, aunque quizás en ese momento único ni repare en ello, ha sido testigo de cómo un ecosistema ha adquirido mayor estabilidad ecológica o tiende a ello, en virtud del papel insustituible del lobo en nuestros montes.
Decía Ortega y Gasset que cada vida es un punto de vista sobre el universo. Muchos estamos convencidos de que una naturaleza con todos sus elementos, entre ellos los grandes depredadores, es una fuente de beneficios y un escudo de protección para todos. Bajo esa perspectiva, menos extendida de lo deseable, no podemos sino felicitarnos por la protección legal de la que goza el lobo en toda España desde 2021.
Por supuesto que otros intereses son también legítimos, como el de los ganaderos afectados por los ataques de los lobos. Por eso hay que abogar por las medidas preventivas que facilitan la coexistencia como la mejor manera para apaciguar los conflictos, en un contexto en el que la recién aprobada Ley de Restauración de la Naturaleza (en el ámbito de la Unión Europea) y la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo (en el ámbito español) apuestan claramente por esa vía.
No puede decirse lo mismo de algunas comunidades autónomas, según un reciente informe de WWF España del que nos hacemos eco en la página 37. Hay gobiernos regionales más preocupados por utilizar al lobo como arma política que de aprovechar las oportunidades que se están presentando para hacer compatible la presencia de la especie con la ganadería extensiva, incluidos esos veinte millones de euros al año que les llegan desde las arcas estatales destinados a lograr esa coexistencia.
Mientras tanto, sobre el terreno, tampoco el rechazo al lobo es igual de intenso. Según un revelador artículo que publicamos en este número (págs. 20 a 26) basado en entrevistas a ganaderos y pastores castellanoleoneses y riojanos, los que viven en zonas donde el lobo no ha dejado de estar presente y ponen en práctica métodos tradicionales para proteger a sus rebaños muestran un mayor grado de aceptación de la especie. En cambio, donde el lobo se ha instalado recientemente o está en proceso de colonización, el conflicto se acentúa.
El proceso por el cual una especie adquiere o refuerza su protección es todo menos caprichoso o precipitado, tal y como se explica con todo detalle en otro artículo de este número (págs. 28 a 36). Sin embargo, esa cobertura legal está siendo torpedeada desde diferentes ámbitos interesados en el rédito político de especular con la protección de las especies. El ejemplo más reciente ha sido la moción aprobada en el Senado instando a sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Mientras tanto Bruselas acaba de cruzar una línea roja al proponer rebajar el estatus de protección del lobo en la normativa comunitaria, tras el paso previo dado en ese sentido por el Convenio de Berna.
Estamos en un momento clave. Ya no se trata sólo de poner en valor y garantizar los beneficios y servicios ecosistémicos que aporta el lobo. Debilitar su protección supondría un precedente preocupante, quizás sin vuelta atrás, para la política de conservación de la naturaleza en España y en Europa.
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