Editorial

La red de áreas protegidas Natura 2000, en construcción desde hace más de diez años, es la más ambiciosa y revolucionaria apuesta surgida nunca en Europa a favor de las especies silvestres y sus hábitats. Cuando esté definitivamente aprobada, al menos el 15% del territorio de la Unión Europea, una extensión similar a la de Alemania, estará legalmente cubierta por esta red. Sin embargo, no se aplicará una protección estricta, ya que la idea es permitir actividades humanas compatibles con la conservación de la naturaleza.

Mientras eso ocurre, los Estados miembros están proponiendo miles de sitios para ser incluidos en Natura 2000, en virtud de su designación como Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estos espacios naturales elegidos para la gloria gozan ya de un régimen preventivo previsto por la legislación europea, que debería blindarles ante posibles amenazas.

No debe por eso extrañarnos la alarma que, incluso fuera de nuestras fronteras, ha generado la propuesta del Gobierno murciano, formulada ante la Comisión Europea, de desproteger casi cien hectáreas del LIC de Calblanque, que incluye hábitats de gran interés natural y científico de la sierra de Cartagena (Murcia). Desde un primer momento, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), en el convencimiento de que la jugada escondía una operación urbanística, movilizó en contra a la opinión pública, valiéndose incluso de llamamientos de apoyo a través de Internet, y se dirigió a Bruselas para que las autoridades comunitarias no diesen su brazo a torcer.

Cuando la campaña estaba al rojo vivo, se dio a conocer un informe del prestigioso botánico Francisco Alcaraz, de la Universidad de Murcia, que acabaría siendo determinante. En este trabajo se acentuaba el valor de lo que se quería desproteger, por contener una notable población de la emblemática sabina mora, joya botánica propia del norte africano que tiene en el sureste ibérico sus únicas poblaciones europeas. A cambio de este mordisco a Calblanque, las autoridades regionales ofrecían una superficie similar para ser añadida al LIC, en una maniobra que Anse vio de inmediato como un intento de dar gato por liebre, al tratarse de terrenos afectados por la minería.

Las objeciones y dudas planteadas por la Comisión Europea a la propuesta del Gobierno regional han dado su fruto y, por fin, a principios de noviembre, el mismo Francisco Marqués, consejero murciano de Medio Ambiente, convocaba a Pedro García, presidente de Anse, para informarle de que tiraban la toalla y que Calblanque no se tocaría. Este desenlace no sólo refuerza la integridad de la embrionaria Natura 2000, en un momento en el que otros muchos LIC y ZEPA están amenazados por proyectos destructivos. Es también una demostración de lo mucho que pueden aportar a la biodiversidad europea las campañas que a escala local llevan a cabo grupos ecologistas y conservacionistas como Anse.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de las comunidades autónomas a gestionar en exclusiva los parques nacionales ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio de Medio Ambiente y en las principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, mientras que algunas agrupaciones locales la han aplaudido. En Quercus siempre hemos apostado por la existencia de una red de parques que fuera efectivamente nacional, es decir, competencia del Estado y resumen de un país muy diverso y aún con importantes espacios naturales dignos de ser conservados como muestra de un patrimonio común. Tampoco nos hemos opuesto a que las comunidades autónomas participaran en la gestión de dichos parques y, como han ofrecido las ONG, que incluso se dotara de mayor contenido a su cuota de decisión. Pero, en el fondo, lo que nos ha guiado siempre ha sido el objetivo de garantizar el rango máximo de protección a aquellos lugares que merecen conservarse. No sólo los formalmente declarados, sino también los otros muchos que aún permanecen en el limbo administrativo. De hecho, vamos más allá: lo que de verdad nos interesa es una gestión integral del territorio que no caiga en la trampa de seleccionar islas intocables fuera de las cuales imperen sin trabas las leyes del mercado. Pero, utopías al margen, ¿van a estar peor protegidos los parques nacionales sin la tutela del Estado? Mucho nos tememos que sí.

En las secciones de actualidad de cualquier número de Quercus pueden encontrarse ejemplos de lo tentador que puede ser recalificar un territorio cuando hay fuertes intereses económicos detrás. Renta y trabajo, cuando no especulación pura y dura, se han antepuesto siempre a cualquier criterio ambiental. La norma es que todo impacto puede resolverse con medidas compensatorias y no tiene porqué convertirse en un obstáculo al progreso. Aunque sea un progreso mal entendido. Los parques nacionales –¡y no todos!– se han ido librando hasta la fecha de tales tentaciones, pero sin duda volverán a incrementarse cuando la gestión pase a ser competencia exclusiva de los gobiernos regionales. Al Ministerio de Medio Ambiente sólo se le asigna un papel muy secundario: participar en un consejo, aún por definir, y aprobar el Plan Director de los Parques Nacionales.

En resumidas cuentas, aunque la forma tiene su trascendencia, lo que de verdad importa aquí es el fondo. Ninguno de los trece parques nacionales actualmente declarados debe sufrir la menor merma en cuanto a garantías de conservación. Sea cual sea la autoridad responsable de gestionarlos, ha de comprometerse a mantenerlos en su estado actual y, si es necesario –como ocurre con frecuencia–, a tratar de mejorarlos. Pensemos, por ejemplo, en el flagrante caso de las Tablas de Daimiel, acosadas por la demanda de agua para riego. Los patronatos, que son el órgano de participación pública, se mantienen por el momento, pero ya veremos en qué quedan con el tiempo.

Las fronteras, reales o ficticias, políticas o administrativas, no son conceptos útiles cuando se habla de ecosistemas. No hay peor política ambiental que la de corto alcance, aquella que se ciñe a un ámbito cada vez más reducido. Los ríos, los sistemas montañosos, los bosques y sus habitantes tejen una red que debe contemplarse en su conjunto para actuar correctamente sobre ella. Unas dimensiones demasiado amplias para convertirlas en un mosaico de escenarios donde dirimir tensiones políticas e intereses contrapuestos, ya sean públicos o privados.

Seguro que a muchos de los que visitan en masa la gran urbanización playera de Matalascañas (Huelva) les sorprendería saber que a muy poca distancia sestea un grupo de linces cautivos llamados a hacer historia. El bullicio del cercano emporio turístico contrasta con el silencio y la quietud que se respira en el centro de cría de El Acebuche, discretamente ubicado en el límite occidental del Parque Nacional de Doñana.

El reciente nacimiento de tres cachorros en estas instalaciones, sin descartar que pueda haber más partos en las próximas semanas, ha supuesto una inyección de esperanza sin precedentes en la atmósfera a menudo tan cargada de derrotismo en la que se desenvuelve la conservación del lince ibérico. Sin querer pecar de pretenciosos, desde Quercus hemos contribuido a activar la presión social y mediática que llevó al Ministerio de Medio Ambiente, cuando todavía era titular Elvira Rodríguez, y a la Junta de Andalucía a hacer las paces tras muchos años de enfrentamientos larvados y protagonismos fatuos, a escala técnica y política, en torno a nuestro pequeño tigre.

Aquel acuerdo allanó el camino para este éxito, en el que han tenido mucho que ver las ideas claras de Astrid Vargas, directora de El Acebuche, y su equipo de especialistas. El nacimiento en estado silvestre de más de cuarenta cachorros durante 2004 en los dos últimos santuarios linceros de Sierra Morena y Doñana, así como el hallazgo hace poco de excrementos de la especie en Montes de Toledo, donde ésta se daba por desaparecida, invitan también al optimismo.

Pero la euforia no debería dejar paso a la relajación. El lince ibérico no está ni mucho menos salvado. La cría en cautividad apenas ha echado a andar y se necesitan más centros aptos para albergar animales reproductores, mientras que en el medio natural tienen que ampliarse las repoblaciones de conejo, las mejoras de hábitat y el resto de medidas que ya han comenzado a aplicarse en los últimos años. Las amenazas que le han llevado al borde de la extinción siguen vigentes. Bastantes turistas deben también ignorar, por ejemplo, que en las carreteras que les llevan a Matalascañas muere atropellado, y nos tememos que seguirá ocurriendo, un número inaudito de linces. A mediados de marzo, sin ir más lejos, caía otro más, un machito de dos años de edad.

Allí donde el felino ya ha desaparecido tampoco se debería bajar la guardia. Si la cría en cautividad funciona bien, en pocos años se necesitarán hábitats óptimos y seguros, libres de peligros, dentro del área tradicional de distribución de la especie, para reintroducir animales destinados a colonizar los antiguos dominios linceros. Es por lo tanto hora de ir preparando el terreno para dar en su momento el recibimiento que se merecen a estos elegidos para la gloria.

La Junta de Castilla y León, con su consejero de Medio Ambiente –Carlos Javier Fernández Carriedo– a la cabeza, está empeñada en permitir que se construya una estación de esquí en el puerto de San Glorio. El problema principal es que la zona elegida se encuentra dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) prohíbe expresamente un uso de este tipo, por considerarlo incompatible con la conservación de los valores naturales. ¿Es posible que se exagerara en su día al otorgar a este espacio un amparo legal demasiado estricto? No parece probable, ya que también está catalogado por la legislación europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). No, la relevancia ambiental de San Glorio es evidente y queda fuera de toda duda. Lo que ocurre es que aquel PORN se ha convertido ahora en un obstáculo y la brillante solución que ha encontrado el Gobierno regional para conseguir sus propósitos es modificarlo, trámite que culminó el pasado 12 de febrero, para encajar con calzador la estación de esquí, a cualquier precio. No parece muy razonable. Si en su día se consideró aquella zona digna de protección y los sucesivos reconocimientos posteriores así lo han confirmado, ¿a qué viene ahora tanto empeño en beneficio de unos promotores privados y en contra del interés general?
En Cataluña se ha dado recientemente un caso muy similar y ojalá sirva de precedente. Allí no se trataba de construir una nueva estación de esquí, sino de ampliar la de Baqueira Beret hacia el valle de Àrreu, uno de los mejor conservados del Pirineo. Dada la lógica oposición de los ecologistas y puesto que también había una incómoda traba legal que lo impedía, Bruselas ha confirmado que la Generalitat de Cataluña no puede dar marcha atrás y excluir dicho valle de la lista de LIC después de haberlo presentado como parte de la red Natura 2000.
¡Qué voluble es la voluntad de nuestros responsables políticos! Donde antes veían naturaleza prístina, ahora se encuentran con oportunidades perdidas de hacer negocio. Siempre, eso sí, amparados en el sacrosanto desarrollo sostenible, que en sus manos no es más que un ardid lingüístico para hacer más digerible la explotación pura y dura de toda la vida.

El positivo dado por el análisis genético de las heces de lince ibérico realizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales es el último y más sonado testimonio científico del valor ecológico de los encinares y pinares del suroeste de la Comunidad de Madrid. Pero antes hubo otros también muy importantes, como el que representó el estudio de impacto ambiental elaborado por medio centenar de científicos sobre estos mismos bosques mediterráneos.

Las conclusiones de ese estudio eran tan obvias que, en noviembre de 2000, el Gobierno madrileño, presidido en aquel entonces por Alberto Ruiz Gallardón, decidió enterrar el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501: una autovía a través de esos montes excepcionales, con águilas imperiales, buitres negros y cigüeñas negras, era injustificable. Pero si los argumentos de entonces no sirvieron para impedir que, ya con Esperanza Aguirre a la cabeza del Ejecutivo regional, resucitase el polémico proyecto, difícil va a ser que ahora se paralice a pesar de la confirmación de la presencia de lince.

Desdoblar la M-501 en los tramos más frágiles y valiosos de su trazado, tal y como parece que se va a hacer en breve, puesto que las obras ya han sido adjudicadas, no sólo favorecerá la extinción definitiva del felino en la zona. En un momento en el que se están empezando a vislumbrar los lugares donde se abordarán dentro de pocos años las primeras reintroducciones de la especie, se van a cerrar muchas de las posibilidades de que el suroeste de Madrid sea uno de ellos.

Un proyecto con similares connotaciones es el de la prevista autovía entre La Espina (Asturias) y Ponferrada (León), que cruza el Parque Natural de las Fuentes del Narcea y amenaza el mejor reducto de fauna cantábrica, con poblaciones muy importantes de osos y urogallos. Para reducir el impacto, se está estudiando la alternativa de una carretera más modesta y ecológicamente respetuosa en el tramo que pasa por este espacio protegido. En la M-501, sin embargo, la obsesión por ofrecer el acceso más rápido y cómodo, a pesar de estar claramente sobredimensionado, a nuevos desarrollos urbanísticos consistentes en miles de viviendas previstas, ha impedido llevar a cabo opciones menos lesivas para el medio ambiente.

Mientras se celebra el éxito del nacimiento, durante dos temporadas consecutivas, de las primeras camadas de la especie criadas en cautividad, los montes madrileños, a pesar de su vocación lincera, están a punto de quedarse descolgados del hito que para la historia de la conservación en Europa supondrá la colonización de territorios antiguos o residuales del carnívoro con ejemplares nacidos en El Acebuche u otros centros parecidos que se pongan a producir linces en los próximos años.

Otros lugares con buenas condiciones de hábitats para acoger en el futuro animales reintroducidos pueden sucumbir ante otras M-501 que, en forma de las más diversas amenazas, puedan gravitar sobre ellos. Así que, o empezamos a conservar y proteger estos futuros santuarios de linces como si éstos ya estuvieran campeando por ellos o nos arriesgarnos a acumular un vistoso stock de animales cautivos, pero inservible, sin suficientes sitios adecuados para liberarle y dar cumplimiento a las expectativas de recuperación de la especie puestas sobre él.

Las montañas españolas están más amenazadas que nunca, nos recuerda el sabio Eduardo Martínez de Pisón. Espoleados por esa misma inquietud compartida, el pasado 21 de mayo, unos cincuenta colectivos ciudadanos, montañeros y ecologistas ascendieron simultáneamente a más de treinta cumbres de toda España. Respondían así al llamamiento realizado pocas semanas antes por RedMontañas, la asociación creada para despertar conciencias a favor del hábitat que posiblemente más que ningún otro en nuestro país combina originalidad, amplitud, valor natural, interés científico y cultural y –también hay que decirlo– fragilidad.

Ni la incombustible Rosa Fernández-Arroyo, coordinadora de RedMontañas, imaginaba semejante respuesta a su convocatoria. Fruto de un movimiento espontáneo que iba tomando cuerpo día a día, a medida que más gente decidía su adhesión, la idea de lanzar el mensaje de la defensa de las montañas desde las propias montañas fue calando hasta dar lugar al más importante y emotivo acto a favor de estos ambientes que podemos recordar.

Qué lejano y vacío veían los cientos de participantes, al culminar sus respectivas ascensiones, todo el protocolo oficial y el fuego mediático que generó en 2002 la celebración del Año Internacional de las Montañas. Cuatro años de olvido más tarde, los defensores de las montañas han querido hacerse oír desde lo más alto. Y lo han hecho para reclamar una vez más la Carta de las Montañas, única propuesta emitida aquel año para la protección genérica de estos hábitats en nuestro país y para hacer compatible su conservación con el bienestar de la gente que vive en ellos. Sus pancartas nos han recordado que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada, a pesar de que, en junio de 2005, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a hacerlo.

Muchos metros más abajo, la sensibilidad con respecto a las funciones ecológicas, sociales y económicas de las montañas no mejora. Prueba de ello es que empieza a ser de lo más habitual que autoridades ambientales y responsables políticos, con el cebo envenenado del desarrollo rural y el empleo local, apoyen proyectos destructivos de corte deportivo, recreativo o turístico, como las estaciones de esquí, que no son sino avanzadillas de la rutina urbanística y especuladora de siempre.

En algunos casos, la obsesión de los promotores y el desinterés por la conservación llega a tal extremo que se fuerzan cambios en la normativa ambiental de espacios protegidos. Es el caso del PORN del Parque Natural de Fuentes Carrionas, modificado por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León para poder construir la estación de esquí de San Glorio sin obstáculos legales. El 21 de mayo, las montañas alzaron su voz contra todo esto, esperemos que sea por fin escuchada (más información, en www.redmontanas.org).

El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) aprobó el pasado 8 de febrero una resolución de apoyo a los parques nacionales que partió de las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y WWF/Adena. En su primer punto, el CAMA considera necesaria “una Red de Parques Nacionales al servicio de la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad” y más adelante añade que dicha red es “un sistema integrado de protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español, siendo fundamental asegurar su coherencia interna y gestión homogénea”. Una resolución cargada de sentido tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado la razón a las comunidades autónomas en su recurso sobre la gestión en exclusiva de estos espacios protegidos. Es más, estamos a la espera de una segunda sentencia sobre la única competencia que aún conserva el Gobierno central, es decir, la potestad de elaborar el Plan Director de Parques Nacionales, un instrumento básico de ordenación y coordinación.

La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se extiende sobre ambos recursos y sus consecuencias prácticas en una entrevista concedida a Quercus que publicamos en las páginas siguientes. La resolución aprobada por el CAMA es coherente con la postura mantenida desde hace meses por las cinco organizaciones no gubernamentales que la han promovido y que recelan de la voluntad política de los gobiernos autónomos a la hora de mantener incólumes los criterios de conservación. De ahí que sea urgente reformar la Ley 4/89, como también adelanta la ministra en sus declaraciones, para establecer con claridad qué premisas deben cumplir los parques nacionales, al margen de quién los gestione. Luego será cometido del Ministerio de Medio Ambiente velar por su cumplimiento y habrá dinero para los espacios protegidos que se mantengan dentro de esta categoría. Lo cual quizá sea la baza decisiva, pues las comunidades autónomas no sólo recibirán la gestión de los trece parques actualmente declarados, sino también sus múltiples compromisos de gasto e inversión.

El pasado 18 de junio el Gobierno derogó los artículos del Plan Hidrológico Nacional que daban respaldo al trasvase del Ebro diseñado por el Partido Popular, como ya había adelantado José Luis Rodríguez Zapatero en su campaña electoral. Para adoptar esta importante decisión, los socialistas han tenido en cuenta tanto aspectos económicos, como técnicos y ambientales, de manera que no puede hablarse de una maniobra exclusivamente política, como se han apresurado a denunciar desde la oposición. Más bien podría argumentarse que el Partido Popular no tuvo en cuenta en su día tales inconvenientes o que los infravaloró adrede para disfrazar de solidaridad lo que no era otra cosa que negocio. Eso sí que es un ardid político. ¿O acaso basta que un empresario tenga la feliz idea de proyectar un campo de golf en pleno desierto de Almería para que se movilice al unísono la población de la cuenca donante? No, no estamos hablando de solidaridad ni de vertebración del Estado. Estamos hablando de unos usos del agua que han de ser racionales habida cuenta de la escasez del recurso. No es de recibo esgrimir la solidaridad para fomentar un turismo absurdo que antepone los intereses económicos, enmascara las dificultades técnicas y, por supuesto, ignora las consecuencias ambientales.

Las principales organizaciones ecologistas se han apresurado a aplaudir la decisión del Gobierno, aunque critican que intente satisfacer la demanda por otros medios en lugar de controlar el despilfarro. La idea de fondo persiste. Si algún lunático quiere jugar al golf en Almería habrá que llevar el riego hasta allí, aunque no será agua del Ebro ni llegará por medio de un trasvase. La apuesta principal son las plantas desaladoras de agua marina, un sistema que ha dado buenos resultados en Canarias pero que no es barato ni está exento de problemas ambientales. Además, el reciente carpetazo al trasvase del Ebro no significa que el actual Gobierno sea contrario a este tipo de infraestructuras, sino que ha rechazado una de ellas por cara, mal planificada, agresiva e impactante. Bastará un proyecto mejor diseñado y un poco de presión popular –aparte de algún tropiezo que convenga purgar– para que los criterios se relajen y parezca una buena idea conectar dos cuencas hidrográficas. Volveremos a oír aquella patochada del agua que se pierde en el mar.

Hay dos formas de enfrentarse al asunto. Aceptar que hay una España húmeda y otra seca, sacar partido de sus ventajas y atenuar en lo posible –ahí sí, con solidaridad– los inconvenientes. O esperar a que el Partido Popular vuelva a ganar unas elecciones y resucite el espectro del trasvase del Ebro, pero con un ingrediente más, el de la revancha.

A la redacción de Quercus han llegado dos informes recién publicados que invitan a la reflexión. Uno nos lo manda WWF/Adena y se centra en el impacto de los grandes incendios forestales, los que superan las quinientas hectáreas. Más de la mitad de la superficie calcinada en España se debe a estos fuegos catastróficos, que representan tan sólo el 0’5% de todos los siniestros registrados anualmente en nuestro país. El segundo informe procede de Greenpeace y hace balance de la situación actual del litoral. En realidad es una revisión de un documento que, año tras año, al principio de cada verano, esta organización ecologista da a conocer para documentar la imparable destrucción a la que están sometidos los ocho mil kilómetros de la costa española. Las conclusiones de ambos trabajos son cuando menos inquietantes.

La notable mejora en los medios de extinción de incendios forestales durante los últimos años no ha resuelto ni mucho menos el problema. El informe de WWF/Adena hace hincapié en una serie de factores básicos que a menudo no se tienen en cuenta, como la mayor combustibilidad de los montes debido al abandono de las economías tradicionales del medio rural. También recuerda que el origen de casi la mitad de los grandes incendios es intencionado, lo que refleja conflictos socioeconómicos no resueltos.

Las cifras de Greenpeace hablan por sí mismas. Desde la publicación del informe de 2005, se han construido en nuestras costas un millón y medio de viviendas, trescientos campos de golf y más de cien puertos deportivos (nuevos o ampliados). Mientras, ha sido objeto de investigación o sentencia condenatoria un centenar de casos de corrupción e ilegalidad urbanísticas.

Es evidente que estos dos documentos son todo un alegato a la necesidad de profundos cambios en las políticas forestal y litoral con vistas a un objetivo de sostenibilidad. Pero también es de justicia señalar lo indicativos que pueden ser del rigor y la seriedad con la que los grupos ecologistas abordan hoy en día su trabajo de análisis y difusión de problemas ambientales de tanta envergadura como los incendios y la destrucción de las costas. Dos asuntos que precisamente por estas fechas suelen bascular demasiadas veces entre la frivolidad mediática y la demagogia de los políticos.

El trabajo de WWF/Adena sobre grandes incendios es la tercera entrega de una ambiciosa serie que se inició en 2004 con una puesta al día del impacto ambiental del fuego y tuvo su continuidad en 2005 con una investigación sobre las causas que subyacen tras los cientos de miles de hectáreas calcinadas. El informe de costas de Greenpeace de 2006, de más de doscientas páginas, se basa en una impresionante recopilación de casos y datos por cada comunidad autónoma.

Estos documentos son fruto de una trayectoria de muchos años de trabajo de las ONG que los han publicado, gracias en gran medida al apoyo de su base de socios. Quizás el movimiento ecologista no goce de la frescura y espontaneidad de años atrás, pero las organizaciones que han sobrevivido al paso del tiempo, si nos guiamos por la referencia de WWF/Adena y Greenpeace, gozan de una madurez envidiable.

A todas ellas debemos en buena parte algunos de los más recientes éxitos en los dos campos de los que estamos hablando, como por ejemplo una reforma de la Ley de Montes que prohíbe cambios de uso en suelos incendiados durante treinta años o el derribo de un gran hotel ya casi construido en El Algarrobico, una playa virgen del Parque Natural del Cabo de Gata (Almería). Nos felicitamos por ello y animamos a nuestros lectores a apoyar en la medida de sus posibilidades el excelente trabajo de los ecologistas españoles del siglo XXI.

Cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor, pero los naturalistas históricos disfrutaron de unas condiciones de trabajo que casarían mal con los apremios actuales. Charles Darwin estuvo cinco años a bordo del Beagle y William Dampier, personaje novelesco al que dedicamos un amplio reportaje en este número de Quercus, dio tres veces la vuelta al mundo, invirtiendo doce años en su viaje más largo. Como bien se sabe, Darwin estuvo luego mucho tiempo madurando su teoría de la evolución y si se decidió a publicarla en 1859 fue porque le preocupaba que Wallace le tomara la delantera. Por cierto, Alfred Russel Wallace tuvo el privilegio de viajar durante varios meses por la cuenca Amazónica y pasó ocho largos años en el archipiélago malayo.

En las páginas que siguen también hay un artículo sobre la comisión científica encomendada a Julio Cervera, Francisco Quiroga y Felipe Rizzo para sentar las bases de un protectorado en los territorios que más tarde formarían parte del Sahara Español. Se cumplen ahora 120 años de aquella aventura y Quercus tiene previsto participar en un nuevo viaje al desierto mauritano en busca de los lugares recorridos por los tres exploradores en el verano de 1886. Eso sí, el periplo actual sólo durará doce días, que viene a ser un tercio del tiempo que ellos dedicaron únicamente a los preparativos, sin salir de la factoría de Río de Oro.

En nuestra frenética sociedad actual, ¿quién puede ausentarse durante meses o años, no ya de su domicilio, sino de su puesto de trabajo, de sus obligaciones bancarias? Las ciencias han adelantado una barbaridad, pero el tiempo que se dedica al “trabajo de campo” tiende a reducirse a lo imprescindible. Salvo casos raros y pintorescos, como el de Ruth Muñiz, dispuesta a pasarse meses enteros en las selvas ecuatorianas en busca de sus amadas y esquivas águilas arpías, la norma imperante es cubrir cuanto antes la recogida de datos y traducir rápidamente ese esfuerzo en publicaciones y méritos curriculares. La publicación, que es sólo un medio para el conocimiento, se ha convertido en una finalidad en sí misma, en el objetivo de una carrera profesional. Los viejos naturalistas publicaban como una consecuencia inevitable de sus viajes y conocimientos, mientras que hoy se viaja e investiga para tener algo que publicar.

El caso más llamativo es el de algunas bases antárticas, que se mantienen con la excusa de cualquier investigación, por peregrina que resulte, ya que el Tratado Antártico no admite la simple presencia civil o militar. Vivimos malos tiempos no sólo para la lírica, sino también para el ensayo científico (¡y no digamos para la oratoria!). Para remate, la funesta influencia del inglés, la lingua franca que ha sustituido al latín en los canales de comunicación científica, ha pasado una llana globalizadora sobre idiomas y estilos.

Leemos los relatos antiguos con envidia, por la calma que se concedieron sus autores y por los escenarios que tuvieron el privilegio de contemplar. También los leemos con agrado, porque estaban bien escritos y porque tienen un poder de evocación que ha sido capaz de superar la barrera del tiempo. Y los leemos, finalmente, con un poso de amargura, porque nos describen un mundo que ya no es el nuestro.