Editorial

A la buena imagen que se estaba granjeando Extremadura, como destino hecho a medida del turismo de naturaleza más exigente, le ha salido una mancha. Pero no una mancha cualquiera, sino un manchurrón sanguinolento que le fue a caer el domingo 8 de diciembre de 2013 en pleno Parque Nacional de Monfragüe, la joya de la corona. Según la Junta de Extremadura, lo que allí se celebró fue una acción de caza destinada al control biológico de ciervos y jabalíes. Pero, si se pregunta a los que asistieron a la matanza como testigos indignados, contestarán que lo único que organizaron fue una montería comercial pura y dura. Las fotos y los vídeos que se han difundido por las redes sociales han llenado de estupor a quienes saben que hay pocos sitios tan adecuados para conocer la fauna silvestre, y disfrutar de ella, como Monfragüe.

No todo iba a ser malas noticias. El mes pasado nos hacíamos eco de una campaña de la organización internacional WWF para detener los sondeos sísmicos en el Parque Nacional de Virunga, hábitat del gorila de montaña (Quercus 340, págs. 50-51). En efecto, la empresa británica SOCO pretendía desde hace un año iniciar una serie de prospecciones petrolíferas en este santuario natural de la República Democrática del Congo. WWF se opuso entonces y a día de hoy lleva recogidas más de 750.000 adhesiones en contra del proyecto. No sabemos las razones últimas y quizá no sean de índole ambiental, pero lo cierto es que a mediados de junio SOCO renunció a sus intereses en el Virunga e incluso se ha comprometido a no plantear nuevas aventuras en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todo un éxito de WWF que contemplamos con envidia ante los inminentes sondeos petrolíferos en las islas Canarias. A comienzos del siglo XXI, las inyecciones de dinero o la promesa de puestos de trabajo no pueden convertirse en una patente de corso, en una licencia inapelable para seguir esquilmando los recursos naturales.

Raymond Lumbuenamo, director de WWF en la República Democrática del Congo, se ha apresurado a señalar que “una vez libre de la amenaza del petróleo y con las inversiones adecuadas, el Parque Nacional de Virunga puede convertirse en un motor económico para las comunidades locales.” ¿Cómo? Pues con los gorilas de montaña como reclamo turístico. Nada que objetar mientras las cosas se hagan de forma razonable. Hay grupos familiares de gorilas ya habituados a las visitas periódicas de turistas, cuya estoica actitud permite a los demás permanecer aislados en sus brumosas montañas. Como en tantas otras ocasiones, la clave consiste en acertar con el modelo de gestión.

Hay que ver cómo pasa el tiempo! Hace ahora justo un año, el equipo de redacción de Quercus se convertía en el nuevo propietario de la cabecera, a través de una empresa registrada a toda prisa y que dimos en llamar Drosophila Ediciones. Tras el vértigo y las dudas iniciales, nos dejamos llevar por el mismo trabajo que venimos desempeñando desde hace décadas y, casi sin darnos cuenta, nos hemos plantado en nuestro primer aniversario. En un escenario muy difícil, novatos como éramos en la gestión de una empresa –por pequeña que sea–, con el sector en entredicho y la profesión por reinventar, nos sentimos moderadamente orgullosos de poder soplar ahora esta solitaria velita. No hubiera sido posible sin el respaldo y la complicidad de muchísimas personas, desde colaboradores hasta proveedores y anunciantes. Pero, sobre todo, sin la confianza demostrada por los suscriptores de la revista, auténtica raíz pivotante de este Quercus de papel.

Cada vez que se declara un espacio protegido, los propietarios de los terrenos implicados se echan a temblar. La queja casi unánime es que ya no podrán hacer lo que les dé la gana en sus fincas, ya sean particulares o municipales. Un asalto a la iniciativa personal y a la propiedad privada, que es un valor sagrado en las economías de mercado. Se diría que es un agravio para los dueños de cualquier propiedad rural, pero los titulares de fincas urbanas saben bien que ellos tampoco pueden hacer de su capa un sayo en las ciudades. Muy al contrario: los edificios urbanos están sujetos a una complejísima normativa, que, para colmo, cambia de forma casi constante obligando a particulares y comunidades de vecinos a una interminable –y muy costosa– adaptación. Vivimos en un país territorialmente ordenado, donde los bienes inmuebles se registran y sus titulares están obligados a cumplir la legislación vigente. ¿A qué viene entonces tanta queja de los propietarios rurales? ¿Les asiste algún tipo de bula? El problema radica, ya sea en el campo o en la ciudad, en que la tendencia es a soslayar obligaciones y, en lo posible, cometer irregularidades. Ante tal escenario, un exceso de normativa se convierte en un nuevo obstáculo a salvar. Son pocos los que ven las evidentes ventajas de un espacio protegido, salvo los especuladores inmobiliarios que planean construir en su entorno, sobre unos terrenos milagrosamente revalorizados. Un ejemplo reciente es la red europea Natura 2000, un mosaico de espacios protegidos que intenta preservar lo más granado de la biodiversidad continental. Al principio, se vio como una nueva fuente de ingresos con cargo a las arcas europeas y las comunidades autónomas, que son los organismos competentes en la materia, se apresuraron a presentar largas listas de candidatos haciendo la cuenta de la vieja: cuanta más superficie declaremos, más euros nos llegarán de Bruselas. Luego vinieron los propietarios con sus temores: ¿Se podrá cazar en estos nuevos espacios protegidos? ¿Qué pasará con la agricultura de regadío? ¿Será el fin de la ganadería (léase, del exceso de carga ganadera)? ¿Y si quiero asfaltar un camino? ¿O abrir un pozo? Barreras y más barreras. Empezaron los recortes y las exenciones. El entusiasmo inicial se trocó en temor y escepticismo. Además, España es un país diverso y relativamente bien conservado en el ámbito europeo, así que la red Natura 2000 empezó a vislumbrarse como una amenaza. No hay fondos de cohesión que compensen tanta renuncia. El desconcierto ha llegado a tal extremo, que WWF/Adena acaba de editar un informe para desmentir los falsos mitos que lleva aparejados la red Natura 2000. En este informe se deja bien claro que, lejos de suprimirse, la agricultura y la ganadería serán futuros aliados de la red, eso sí, mientras se practiquen con criterios tradicionales. La caza no estará prohibida, salvo en los humedales cuando se utilice munición de plomo. Al contrario que en otros espacios protegidos, no se contempla la expropiación de terrenos. Y, en cuanto a las infraestructuras, lo único que exige es que se evalúe su impacto sobre hábitats y especies protegidas. Cristina Rabadán, responsable de la red Natura 2000 en WWF/Adena, ha sido tajante: “no puede ser considerada como un obstáculo para el hombre, sino todo lo contrario, es una oportunidad para las áreas rurales, particularmente para las más desfavorecidas.” En otras palabras, una cosa es que la actividad humana esté plenamente integrada en la red Natura 2000 y otra muy distinta que todo el monte sea orégano.


Rafael Serra

Rectificar es de sabios y, por fin, España ha respaldado una moción en defensa del atún rojo presentada por varios grupos ecologistas en el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado recientemente en Barcelona. Como reflejamos en este mismo número de Quercus (pág. 68), el pasado 23 de septiembre nuestra Cámara Alta rechazó por 1 voto a favor y 25 en contra otra moción presentada por el senador Pere Sampol en la que instaba al Gobierno a proponer medidas ante la Unión Europea y la Comisión para la Conservación del Atún (ICCAT) que evitaran la sobreexplotación de esta especie en el Mediterráneo. Entre otras cosas, se pedía la declaración de una zona especial de protección para el atún rojo en las islas Baleares, al sur de la isla de Formentera, reducir las cuotas de captura para adaptarlas al consejo de los científicos y establecer un periodo de veda durante la época de reproducción. Pues bien, derrota por goleada en el Senado: 25 a 1.

Apenas tres semanas después, el Gobierno español decide dar su respaldo a un plan muy similar, incluso más ambicioso, defendido con éxito por Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena. Para empezar, el acuerdo resultante exige a los gobiernos una acción inmediata para cerrar la pesquería de atún rojo hasta que no se encuentre bajo control y se den las condiciones adecuadas para gestionarla. Asimismo, exige a la ICCAT establecer un auténtico plan de recuperación de la especie que, basándose en datos científicos, establezca un drástico recorte en las cuotas de captura y en la capacidad pesquera de las flotas. También deberá reducirse el periodo hábil de pesca e incluso abrir una veda durante los meses clave para la reproducción del atún rojo, en concreto mayo y junio. En cuanto a las zonas de reserva, la UICN confirma el santuario de las islas Baleares e insta a crear otros similares en el Mediterráneo oriental y central.

Los tres grupos ecologistas que han promovido la moción confían ahora en lo más difícil, es decir, que el compromiso adquirido por los gobiernos se traduzca en resultados concretos durante la próxima reunión del ICCAT, prevista para este mes de noviembre en la ciudad marroquí de Marrakech. En otras palabras, lo que tantas veces hemos reclamado desde las páginas de esta revista: que acuerdos, mociones y voluminosos estudios no duerman el sueño de los justos en algún cajón y todo ese papeleo se traduzca de una vez por todas en biomasa de atún rojo.

No faltan motivos para la desconfianza. Antes de que se iniciara el Congreso Mundial de la Naturaleza estas mismas organizaciones ecologistas ya habían denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –que, no lo olvidemos, es competente también en materia pesquera– había hecho lo imposible para evitar que se aprobara una moción en dicho sentido durante la reunión de Barcelona. Tras esgrimir argumentos sin ningún apoyo técnico, negando que la población de atún rojo estuviera en declive e incluso avanzando dudosos signos de recuperación, consideraba que tampoco había evidencia científica que respaldara la creación de una reserva para la especie en aguas de Baleares, una región marina bien estudiada desde hace cinco años a través de sucesivas campañas del Instituto Español de Oceanografía. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? La respuesta, este mes en Marrakech.

El lobo ibérico protagoniza la portada y muchas páginas interiores en este número de Quercus. Todos los años le prestamos cierta atención y no porque sea una apuesta segura en el quiosco, sino porque se lo merece. El lobo ha sido siempre noticia, aunque quizá nunca como ahora. Es obvio que la especie se recupera poco a poco de una persecución milenaria, que gana parte del terreno perdido y que su viejo antagonismo con el hombre del neolítico cobra nuevos bríos. Estamos inmersos en otra revolución tecnológica, la digital, y quizá haya llegado el momento de replantearse el papel del lobo, aunque sólo sea como sujeto informativo. Un tratamiento, por cierto, que tendrá hondas consecuencias en su conservación, lo que nos obliga a ser muy cautos. Sobre todo ahora que el lobo vuelve a copar la escena mediática aupado por los partidarios de resolver a tiros el conflicto social que siempre le acompaña.

Cuando aparezca este número de Quercus, es posible que miles de kilos de grano impregnado de bromadiolona hayan empezado a diseminarse masivamente por las llanuras castellanas. El único requisito que faltaba era la respuesta de un comité de expertos que asesora a la Junta de Castilla y León sobre el control de los topillos y dio su visto bueno el pasado 12 de febrero. Durante las semanas anteriores, quienes se oponen a esta ofensiva química lograron movilizar a sectores tan opuestos como ecologistas y cazadores. En una acción sin precedentes, las principales ONG conservacionistas del país y la Real Federación Española de Caza enviaron un informe conjunto a Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, con el ruego de que no incurrieran en los errores del pasado y buscaran alternativas para prevenir los daños causados por el topillo.

El pasado 15 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Red de Parques Nacionales, que adapta la legislación española a las sentencias dictadas en su día por el Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias a la hora de gestionar dichos espacios protegidos. Las comunidades autónomas se harán cargo del funcionamiento cotidiano, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente mantiene la tutela sobre la red y velará por el cumplimiento de su régimen jurídico de protección. Otra de las atribuciones que se reserva el ministerio que dirige Cristina Narbona será elaborar y someter a aprobación el Plan director de la red de Parques Nacionales, principal instrumento de planificación y gestión, en el que también podrán participar las comunidades autónomas. En cuanto a la estructura administrativa, la nueva ley habilita al Gobierno para transformar el actual Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) en una agencia estatal y mantiene la figura de los patronatos como foro de participación ciudadana, aunque ahora pasan a depender de las correspondientes comunidades autónomas. En cuanto a los fondos necesarios para costear la gestión de los parques, los gobiernos regionales tendrán que dedicarles partidas en sus respectivos presupuestos, aunque se han previsto varios mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación financiera. De hecho, en el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente aportará unos diez millones de euros a estos menesteres.

Tras la reciente declaración de Monfragüe, la red de parques nacionales cuenta con catorce espacios incluidos en tal categoría, el mayor rango de protección que otorga nuestro ordenamiento jurídico, pero apenas cubren el 0’6% del territorio español, lo que parece a todas luces insuficiente. Como ya hemos denunciado numerosas veces en Quercus, las carencias son flagrantes en lo que se refiere al medio marino.

Los principales grupos ecologistas han valorado positivamente la nueva ley, pero se mantienen expectantes ante una norma que aún se encuentra en fase de borrador y que se antoja asimismo decisiva. Se trata de la Ley de Protección del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo futuro ámbito de aplicación abarca todo el territorio nacional y que sustituirá a la ya histórica ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Su principal baza es que antepone el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuando frente a los recientes abusos en materia de ordenación territorial y urbanística, al tiempo que adopta el principio de precaución ante cualquier iniciativa que pueda comprometer tanto a especies protegidas como a espacios naturales relevantes.

Como es obvio, ambas leyes serán decisivas para la conservación de la naturaleza en nuestro país y ahora sólo falta confiar en su cumplimiento estricto, algo que no siempre ocurre. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en las páginas de este número de Quercus, donde queda claro que la proyectada estación de esquí en los valles vecinos al puerto de San Glorio es incompatible con su población de oso pardo. Conviene recordar que la zona afectada forma parte de un espacio protegido, el Parque Natural de Fuentes Carrionas, y que fue preciso una artimaña legal para modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y meter con calzador una estación de esquí que contradice los criterios que aconsejaron preservarlo.

Allá por el año 2003 asistíamos impotentes a una devastadora mortalidad entre los buitres asiáticos, tan rápida y masiva que a punto estuvo de provocar la extinción de varias especies. Aquel año contábamos en Quercus cómo un equipo científico dirigido por J. Lindsay Oaks, de la Universidad de Washington, había señalado al diclofenaco como el causante de ese espectacular declive de las rapaces necrófagas, sin precedentes en nuestros tiempos por su amplitud y velocidad.

Puede que el nombre de diclofenaco no diga mucho a la mayoría de las personas, aunque está más cerca de nuestras vidas de lo que pensamos. Es, por ejemplo, el principio activo de un fármaco tan común como el Voltaren. Aunque se considera inocuo para las personas y el ganado, el problema surgió cuando los buitres se alimentaron de reses que habían sido tratadas con diclofenaco, cuyo uso veterinario estaba muy extendido en países como India, Pakistán y Nepal. Ahora ya sabemos que ese fármaco causa graves fallos renales en las aves carroñeras.

Es estimulante ver cómo cada vez más las ONG ecologistas crean alianzas entre ellas para enfrentarse a problemas puntuales, pero que atañen a todas aquellas que se unen en un momento dado para actuar. Qué mejor ejemplo que la acción conjunta de las llamadas “cinco grandes”: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España. Son ya todo un lobby que hace bien en prodigarse como tal en los tiempos que corren, en los que comprobamos día a día cómo mucho de lo logrado durante décadas en materia medioambiental se frena o retrocede.

Eso de que la unión (ecologista) hace la fuerza lo acabamos de ver en la regulación de la llamada justicia gratuita, objeto de un proyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno. En un principio, en la futura normativa no se iba a contemplar ese beneficio para las asociaciones de defensa del medio ambiente, cuando hay en cambio otros sectores de la sociedad civil que sí lo iban a disfrutar en consideración a su labor altruista. Afortunadamente, la presión de las “cinco grandes” ha sido definitiva para que Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, rectifique.