Editorial

Era un secreto a voces, pero no por ello su designación como candidato del PP a las elecciones europeas ha impedido que se disparasen los balances sobre el papel de Miguel Arias Cañete al frente del ministerio que está a punto de abandonar. Ya sabíamos que iban a ser otras sus prioridades y que se sentía más cómodo en lo agrario y en lo alimentario. El propio ministro confesó en varias ocasiones que las competencias ambientales le habían caído más como una obligación que como una devoción. Pero lo que no podíamos imaginar es la magnitud de la parálisis e incluso del retroceso que se ha producido durante sus más de tres años al frente del ministerio. Sobre todo en lo que se refiere a garantías ya consolidadas –y duramente ganadas– relativas a la protección y la gestión de nuestros recursos naturales. Las ONG ecologistas no se muerden la lengua y hablan de toda una batería de medidas legales que ha impulsado con el objetivo de mercantilizar bienes básicos como el agua, el suelo y la biodiversidad, por mucho que el discurso oficial hable de fortalecer la economía y crear empleo. Por lo visto, también vivíamos ambientalmente por encima de nuestras posibilidades.

La Estación Biológica de Doñana (EBD) fue creada en 1964 por José Antonio Valverde, así que este año celebramos su quincuagésimo aniversario. No es que seamos unos fanáticos de las cifras redondas, pero tampoco desaprovechamos las oportunidades que brindan ciertos acontecimientos para mostrarnos agradecidos, sobre todo cuando se trata de un cumpleaños feliz. Cualquier colectivo humano genera luces y sombras a lo largo de un periodo de tiempo tan dilatado, pero nadie negará que el balance de estas cinco décadas sólo puede calificarse de brillante. Lo que empezó siendo una benemérita cabezonada personal, un fiel reflejo de la Estación Biológica de la Tour de Valat, en la Camarga francesa, se ha convertido hoy en un centro de referencia, con no pocos investigadores de prestigio internacional. España, tan indolente en otras ramas de la ciencia, tiene un considerable peso específico en ecología evolutiva y biología de la conservación, disciplinas canónicas en la EBD.

Se acabaron las excusas y las dilaciones. Una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública el pasado 21 de marzo confirma lo que ya era del dominio público: el hotel de El Algarrobico es una obra ilegal, que afecta a terrenos protegidos del cabo de Gata y lo mejor sería demolerlo sin pérdida de tiempo. Una señal inequívoca de que la justicia se ha pronunciado con toda claridad es la reacción del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no ha tardado en quitarse el mochuelo de encima y endilgarle a la Junta de Andalucía la responsabilidad del derribo.

Dos de sus predecesoras en el cargo ya intentaron sin éxito resolver el conflicto, Cristina Narbona y Rosa Aguilar. Respecto a esta última, que había llegado a un acuerdo con el Gobierno andaluz para compartir los gastos de la demolición, Arias Cañete se ha mostrado incluso grosero: “nosotros acataremos las resoluciones judiciales, pero la administración competente es la Junta de Andalucía, pese a lo que haya dicho alguna ex ministra de Medio Ambiente cuyos conocimientos jurídicos son bastante limitados”. Está claro que no cabe esperar ningún empujoncito por parte de la Administración central para derruir de una vez por todas esa aberración urbanística. Se lo impide su ideología ultraliberal, su enfrentamiento abierto con una comunidad autónoma que ya no podrá gobernar el Partido Popular y, por si faltaran razones, los recortes presupuestarios que el Gobierno aplica con la excusa de la crisis económica.

Otro que ha quedado en una situación bastante airada es el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, un independiente que gobierna la corporación municipal con apoyo del PP. Ha hecho lo imposible por legalizar lo ilegalizable y aún se encastilla en un par de resoluciones judiciales pendientes. Cualquier cosa antes de admitir que la licencia de obras otorgada en su día para construir el hotel es contraria al actual ordenamiento jurídico. Como, de hecho, se ha encargado de aclarar el Tribunal Supremo.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sí que ha admitido que era ilegal el intento de modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que habría permitido construir en la playa de El Algarrobico, así que ha vuelto a proteger esos terrenos como “no urbanizables”. En otras palabras, un galimatías legal y político que parece ir aclarándose con la sentencia del Tribunal Supremo y que habría tomado un cariz muy distinto si el Partido Popular hubiera alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo.

Ahora sólo falta que el Ministerio Fiscal tome cartas en el asunto y exija al Ayuntamiento de Carboneras que cumpla las resoluciones judiciales. Sería un paso más hacia la demolición de El Algarrobico, un símbolo del urbanismo especulativo que tanta destrucción ha sembrado en el litoral español. Y un bonito regalo de cumpleaños para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que celebra su vigesimoquinto aniversario en 2012.

El cierre de este cuaderno de Quercus ha coincido con días cruciales para la reciente historia de España, marcados por la barbarie de los atentados del 11 de marzo en Madrid. También por el desenlace de unas elecciones generales, tres días después, resueltas con una victoria socialista contra todo pronóstico que tiene, cómo no, una lectura medioambiental.

Parece obvio que se supera una trayectoria de desencuentros y crispación entre las Administraciones competentes del Gobierno saliente y el mundillo científico y conservacionista sin precedentes. El trasvase del Ebro es sin duda el asunto más ilustrativo de un clima muy trabado por el empeño obsesivo de un ministerio auto-denominado “de medio ambiente” por sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

La misión encomendada a los sucesivos ministros del ramo ha sido vender como fuente de riqueza y progreso esta obra monumental, desacreditada como antítesis del desarrollo sostenible por expertos, ecologistas y buena parte de la población de las regiones donantes. Alertada por este clamor contrario al trasvase, la Comisión Europea está estudiando con lupa la petición de fondos comunitarios por parte de nuestra autoridades para financiar nada menos que la tercera parte del coste del proyecto.

Falta aún una decisión definitiva al respecto, pero se ha filtrado un informe de los servicios técnicos de Bruselas –del que nos hacemos eco en la página 66– que desaconseja subvencionar a España para este fin, por considerarlo un derroche de dinero y un despropósito medioambiental. Lo que no ha impedido que las obras del proyecto hayan empezado a ser adjudicadas y los fastos preelectorales se hayan visto adornados por las inauguraciones anticipadas de varios tramos del trasvase.

Al día siguiente de las elecciones, Ecologistas en Acción llamó la atención de la opinión pública sobre el apoyo de los votantes a la gran mayoría de los partidos políticos que han incluido en sus programas electorales la oposición a la megalomanía hidrológica del Partido Popular. PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, Chunta Aragonesista e Iniciativa per Catalunya Verds, que han participado activamente en las movilizaciones ciudadanas de los últimos años contra el PHN, y especialmente contra el trasvase del Ebro, suman ahora 178 diputados, con lo que superan la mayoría absoluta. Pero es que además otras formaciones como Convergència i Unió han condicionado su apoyo al próximo Gobierno al rechazo del trasvase. Esperemos ahora que los socialistas cumplan su compromiso de retirar la polémica obra.

Con frecuencia, imbuidos como estamos en nuestros problemas cotidianos, tenemos una visión muy cicatera del mundo, demasiado “provinciana”. Por eso nos parece fascinante que haya compatriotas ocupados en trabajos tan peregrinos como proteger los arrozales de los Bijagó en Guinea-Bissau o en proporcionar un combustible más barato y menos contaminante a los habitantes de Kivu Sur, en la República Democrática del Congo. Y, ¿por qué prestamos atención a estos dos proyectos aislados? ¿No forman parte, acaso, de esa cooperación internacional que ya damos por aceptada en los países occidentales? ¿Qué pintan en este número de Quercus?
Pues pintan y mucho. En el archipiélago de las Bijagós, o Bidyogo, situado frente a las costas de Guinea Bissau, existe una pequeña población de hipopótamos que, dado su emplazamiento, ha desarrollado hábitos cuasi marinos. Unos 150 ejemplares frecuentan manglares y lagunas costeras, donde suelen descansar durante las horas calurosas del día, para alimentarse en tierra firme al caer la noche. Pero entonces lo que encuentran más a mano son los cultivos de arroz de los Bijagó y ya tenemos planteado el conflicto entre una especie silvestre y una actividad productiva. Es aquí donde entra en escena ese grupo de biólogos y naturalistas que, financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), han probado un ingenioso sistema para impedir que los hipopótamos marinos destruyan los arrozales. La técnica consiste en adaptar los populares “pastores eléctricos”, habituales en nuestros campos para evitar que se desmande el ganado, al caso africano (págs.14-21). Ahora que se ha probado con éxito parece fácil, pero había que caer en ello.

El otro proyecto consiste en ofrecer a los habitantes de Kivu Sur un combustible barato y fácil de conseguir, que les evite largos desplazamientos hasta las zonas forestadas y, sobre todo, ayude a preservar el hábitat boscoso de gorilas y chimpancés. Miembros del Proyecto Gran Simio (PGS) se han trasladado hasta allí para montar cinco máquinas prensadoras de briquetas y enseñar su funcionamiento a los congoleños (págs. 54-55). Las briquetas se fabrican con serrín, papel y subproductos agrícolas, son tres veces más baratas que el carbón vegetal y disuaden de penetrar en las zonas donde viven los primates. En el Hospital General de Bukavu, los encargados de la prensadora son adolescentes rescatados de la calle y su trabajo permite, no sólo preparar la comida de los niños ingresados en el hospital, sino comercializar los excedentes. Otra cosa sencilla en la que era preciso reparar.

Qué contraste tan violento con los mal llamados “Acuerdos de Asociación Económica” (EPA en sus siglas inglesas) que la Unión Europea trata de imponer a los países de África, Caribe y Pacífico (ACP). Varias organizaciones ambientales y sociales convocaron en su día movilizaciones para detener estos tratados de libre comercio, muy perjudiciales para los países de economía más débil. En palabras de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones implicadas, vienen a perpetuar “la dominación que ha provocado la actual crisis económica, alimentaria, energética y climática”. Está visto que no hay más que dos mundos: uno viciado por la codicia humana y otro más humilde, ingenioso y solidario.

En relación con la conservación de especies en España, parece haber algunos fantasmas empeñados en volver cuando ya se les suponía lejos. Está pasando con los cebos envenenados, de triste actualidad en los últimos tiempos por el repunte de su uso ilegal para erradicar predadores por parte de ciertos sectores cinegéticos y ganaderos sin escrúpulos, y lo mismo puede decirse de los tendidos eléctricos.

En los años noventa, gracias en buena parte al apoyo económico de la Unión Europea a través de los fondos Life, se invirtieron más de cinco millones de euros en modificar y aislar los postes y cables peligrosos para el águila imperial. Esta suma sirvió para pagar a las compañías eléctricas por acceder a corregir los puntos negros para la especie, sobre todo en las cercanías de sus áreas de cría.

La recuperación poblacional del águila imperial, que supera ya las doscientas parejas reproductoras, algo le debe a esos trabajos. Pero recientemente ha vuelto a saltar la alarma: entre 2004 y 2005 se han encontrado electrocutados treinta ejemplares de nuestra rapaz más emblemática, cifra que duplica la mortalidad del pasado lustro. Ya sea por la menor efectividad con el paso del tiempo de las correcciones aplicadas, caso del deterioro del aislamiento plástico de los cables, o porque no se ha actuado en las zonas de dispersión o de asentamiento reciente de la especie, lo cierto es que los números cantan.

El balance del impacto de los tendidos en otras especies amenazadas es tanto o más grave. En los últimos diez años han muerto electrocutados más de doscientos ejemplares de águila perdicera (la mitad de las bajas que sufre esta rapaz se debe al mismo problema), mientras que la colisión contra cables se está revelando como especialmente dramática para aves como la avutarda o la hubara canaria.

No por casualidad SEO/BirdLife decidió dedicar la pasada convocatoria del Día de las Aves, celebrada el 7 y el 8 de octubre, a divulgar la amenaza de estas trampas mortales. Y lo hizo enviando al monte a más de un centenar de voluntarios, que recorrieron más de seiscientos kilómetros de tendidos en seis comunidades autónomas. El resultado supera todas las previsiones: más de doscientas aves muertas, entre ellas algunas tan amenazadas como águilas perdiceras, buitres negros, milanos reales y avutardas.

Desde hace algunos años, los nuevos tendidos eléctricos que se instalan incluyen diseños para evitar su impacto en aves y son ya varias las comunidades autónomas que han aprobado normativas en este sentido. Los problemas vienen dados sobre todo por los de antigua construcción. Los expertos creen que con una inversión de unos cuarenta millones de euros se podrían aplicar modificaciones definitivas en estos viejos tendidos y, en pocos años, acabar o al menos reducir en gran parte el peligro.

La medida está prevista en un esperado decreto estatal que lleva años navegando a la deriva entre los despachos de varios ministerios. Muchos tememos que se hunda silenciosamente antes de aprobarse. El de Medio Ambiente lo elaboró y lo propuso y el de Industria, por sus competencias en la materia, debería dar su visto bueno y asumir la mayor parte del coste que implica su aplicación, una nimiedad si se compara con los más de siete mil millones de euros anuales que maneja este organismo. De lo contrario, perderíamos una oportunidad histórica para acabar con una de las bestias negras de nuestra avifauna más amenazada.

El pasado mes de abril se cumplieron seis años del vertido tóxico de Aznalcóllar, una de las peores catástrofes ecológicas que ha padecido nuestro país. Al margen de triquiñuelas legales y como bien sabe todo el mundo, los responsables directos de aquel desastre han puesto pies en polvorosa y los quinientos puestos de trabajo, que se antepusieron a cualquier otra consideración –incluidas, por supuesto, las ambientales– nos han salido carísimos a todos los contribuyentes. Puestos a pensar en positivo, podría servirnos de consuelo el argumento de que siempre se aprende algo de las desgracias, pero no es el caso. Sobre la vecina localidad de Gerena planea un gigantesco proyecto minero denominado Cobre las Cruces, que repite una vez más el sistema de explotación a cielo abierto de Boliden y prevé la apertura de una escombrera que ocupará mil hectáreas. Todo ello en una zona de campiñas y dentro del área de influencia del Parque Nacional de Doñana.

Por si todo esto fuera poco, la Junta de Andalucía ha financiado al 50% la instalación de la empresa RMD, dedicada a la incineración de cables y neumáticos, en el propio municipio de Aznalcóllar, dentro de su sarcástico polígono medioambiental. La actividad de este tipo de empresas, a todas luces contaminantes y peligrosas, condiciona el desarrollo de sectores más acordes con la vocación y la importancia ecológica de la zona, como el turístico y el agroalimentario.

Al día de hoy, sin considerar el impacto futuro de ambos proyectos, el agua potable contiene valores inaceptables de metales pesados y, como denuncia la organización Ecologistas en Acción, este problema demuestra la “existencia de escombreras en Aznalcóllar que poco tienen de inertes, a las que fueron a parar cientos de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos del polo químico de Huelva, mediante el tráfico de residuos que resultó ser la principal actividad económica, junto con la de recibir subvenciones públicas, del grupo Boliden Aprisa.”
Ecologistas en Acción, junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLIfe) y WWF/Adena, han solicitado públicamente un programa de descontaminación definitivo, controlar las extracciones ilegales de agua para riego en la cuenca del Guadiamar (aún fuertemente contaminada) y promover un plan de desarrollo económico para todo el Corredor Verde que sirva de estímulo a nuevas actividades y tenga en cuenta la cercanía de un espacio protegido de la importancia internacional de Doñana. Los cambios de paradigma no pueden acometerse sin un cambio de actitud en los responsables públicos, cuya cortedad de miras a largo plazo se traduce en problemas graves a corto plazo. Doñana depende de lo que ocurra en su entorno más inmediato y mientras no se aplique una gestión integral del territorio, dentro y fuera del parque, tendrá su futuro hipotecado.

A la naturaleza no le sientan bien ni las fronteras ni los encorsetamientos, límites a los que somos muy aficionados los humanos en general y los políticos en particular. La pasión por encajar en estructuras administrativas lo que se distribuye libremente según las leyes naturales puede llegar a rayar en lo absurdo. De todas formas, dado que hemos ordenado territorialmente el mundo, es inevitable buscar alguna fórmula de gestión que armonice nuestra trayectoria histórica y cultural con la indómita exhuberancia de la biodiversidad. Y es entonces cuando surgen los conflictos.

Como suele ocurrir con las instituciones que creamos, ninguna de ellas es perfecta, pero unas cumplen mejor que otras sus objetivos. En el caso concreto de los espacios naturales españoles, la ley vigente autoriza a las comunidades autónomas a crear cualquier figura de protección que estimen oportuna, lo que se traduce en un auténtico crisol de competencias administrativas que terminan por confundir al ciudadano de a pie, incapaz de distinguir entre un parque natural y un parque nacional, por no citar otras categorías más sutiles.

En su afán por acumular poder y competencias –además de presupuestos– las comunidades autónomas aspiran ahora a gestionar en exclusiva los parques nacionales, que hasta hace poco eran competencia del Estado y que actualmente administran conjuntamente los gobiernos regionales y el Ministerio de Medio Ambiente a través de un organismo autónomo específico. Esta nueva propuesta de gestión está avalada por un informe del Ministerio de Administraciones Públicas presentado en el consejo de ministros del pasado 14 de mayo y que, de salir adelante, vaciaría de contenido un importante departamento de la ministra Cristina Narbona. Las principales organizaciones ecologistas se han opuesto rotundamente a lo que consideran un intento de desmantelar la actual red de parques nacionales y no les falta razón cuando dicen en un comunicado conjunto que “la biodiversidad que albergan (...) es patrimonio de todos los ciudadanos por igual, con independencia de su situación geográfica, y por ello su conservación debe estar salvaguardada de intereses políticos o particulares”. Un buen ejemplo es el Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici, que perdió 2.000 hectáreas de superficie por intereses turísticos tras quedar en manos del la Generalitat de Cataluña en 1988.

En este mismo número de Quercus publicamos un artículo en el que Rafael Márquez analiza el estado de conservación de los anfibios y reptiles en las 17 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, con resultados muy irregulares a pesar de que muchas administraciones comparten con frecuencia las mismas especies. Tampoco tiene desperdicio la tribuna firmada por Eduardo Martínez de Pisón sobre los destrozos causados en el valle pirenaico de Espelunciecha para ampliar la estación de esquí de Formigal, donde, según sus propias palabras, en lugar de “extender la protección y acantonar el deterioro” se ha hecho justo lo contrario “ampliar el deterioro y acantonar la protección”. No se podía haber expresado con más acierto y menos palabras el riesgo que entraña una gestión exclusivamente autonómica de los actuales parques nacionales.

Una anomalía. Eso es lo que parecen los espacios naturales protegidos cuando se invocan las leyes del mercado. De otra forma no se entiende que Doñana, una de las joyas de nuestra red de parques nacionales, permanezca sitiada por un sinfín de amenazas. Las más recientes son el dragado del río Guadalquivir, el almacén subterráneo de hidrocarburos y la resurrección de la mina de Aznalcóllar. Tampoco vamos a escandalizarnos a estas alturas, cuando ya se han propuesto –y desestimado– desde urbanizaciones hasta carreteras. O cuando los linces que escapan del cerco mueren vilmente atropellados como cualquier perrillo callejero. Pero no deja de resultar chocante que todo eso siga girando en torno a un parque nacional de la categoría y el renombre internacional de Doñana.

A raíz de lo que parece ser un vertido procedente del lavado de los tanques de algún petrolero que pasaba por allí, durante el fin de semana del 3 y el 4 de abril más de uno no habrá podido evitar recordar, mientras bajaba de nuevo a rescatar aves marinas petroleadas –alcas y araos sobre todo– a las costas gallegas, las dramáticas escenas de la reciente catástrofe del Prestige. Las coincidencias no acaban aquí, puesto que el tratamiento de los animales ahora afectados ha ido acompañado de un nuevo episodio de entrega desinteresada del voluntariado. Pero tampoco han faltado a la cita el caos organizativo y la gestión más que discutible de las autoridades.

La situación se puso al rojo vivo el 8 de abril en el centro de recuperación de fauna de Cotorredondo, que se había significado por su extraordinaria labor durante la crisis del Prestige. Ese día, los voluntarios que ayudaban en este centro cercano a Vigo (Pontevedra) protagonizaron un sonado plante cuando, según la versión de éstos, un cargo de la Consejería de Medio Ambiente ordenó verbalmente enviar parte de las aves que estaban tratando a los hospitales de fauna de Oleiros (La Coruña) y de la Facultad de Veterinaria de Lugo. El enfado de los voluntarios de Cotorredondo, compartido por la mayor parte del personal contratado, reflejaba no sólo el temor de que los otros dos centros carecieran de medios para trabajar con animales petroleados. También el estupor por la consigna dada por el citado funcionario, que la Xunta de Galicia se ha negado después a reconocer, de sacrificar nada menos que unas doscientas de las aves afectadas, por falta de capacidad para salvarlas.

Tras el revuelo social y el cruce de comunicados y declaraciones entre el Gobierno gallego y los grupos ecologistas, parece que las aguas se han calmado y el proceso de limpieza de las aves prosigue. Pero mientras el primero insiste en que todo marcha bien, los segundos no descartan que muchos ejemplares se acaben liberando sin las suficientes garantías de supervivencia por haber recibido un tratamiento incompleto o deficiente. Esta preocupación es compartida por el prestigioso International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Al margen del hecho de que más de un año después de lo ocurrido con el Prestige se sigan produciendo mareas negras dañinas para la avifauna marina en Galicia, el incidente refleja la necesidad de contar en esta comunidad autónoma con una infraestructura permanente especializada en fauna petroleada, que pueda resolver situaciones críticas de forma rápida y eficaz. De hecho, la creación de un centro de estas características fue una promesa de la Xunta que, inexplicablemente, sigue sin cumplir.